POR PEDRO GERMOSEN
Las distribuidoras de electricidad EdeEste y EdeSur respaldaron ayer el proyecto de reforma a la Ley General de Electricidad que dispone sanciones de multa y prisión contra los que cometen fraude eléctrico.

La generadora AES Dominicana, por su parte, advirtió sobre la necesidad de proteger las inversiones en el sector, mientras representantes de los consumidores rechazaron la pieza legislativa.

Estos pronunciamientos se produjeron en una sesión de vistas públicas que la comisión de Asuntos Energéticos del Senado celebró en el salón de la Asamblea Nacional sobre el citado proyecto.

Al agotar el primer turno, Jesús Molinaga, de Edeeste, dijo que el problema energético tiene sus causas en una crisis de confianza entre los generadores y distribuidores, por una parte, y los consumidores, por la otra.         

Manifestó que Edeeste respalda el proyecto porque está orientado a sancionar a los que incurren en fraude eléctrico.

Expresó que esa empresa ha pagado las indemnizaciones correspondientes a los reclamos cuando se ha determinado que éstos proceden.

Al resaltar la eficiencia de Edeeste, Molinaga expresó que en Hato Mayor y El Seibo ya no hay apagones e informó que lo mismo ocurrirá, a partir de enero próximo, en el sector Villa Juana, de la capital.

Sostuvo que los violadores del sistema eléctrico perjudican a las empresas distribuidoras, al gobierno y al pueblo en sentido general.

Por su lado, Henry Adames, de Edesur, expresó que el robo de electricidad provoca grandes pérdidas al sector porque los violadores nunca han sido sancionados debidamente.

Indicó que a causa de las grandes pérdidas, las empresas distribuidoras restringen sus operaciones en razón de que se reducen los fondos para pagar a las empresas generadoras de electricidad.

Advirtió que, como consecuencia, disminuye la generación pese a existir la capacidad instalada para suplir la demanda de la población.

Adames resaltó que el eléctrico es el más esencial de los servicios ya que, sostuvo, de él dependen las atenciones médicas, la educación y hasta la potabilidad del agua que consumen los nueve millones de dominicanos.

Sostuvo que si se controla el fraude, el gobierno podrá eliminar el subsidio de los US$660 millones que anualmente tiene que aportar para la sostenibilidad del sector energético.

Significó que el fraude eléctrico no es únicamente contra el Estado y las empresas del sector, sino contra toda la población.

Al tomar la palabra, el señor Cabello, de Edesur, expresó que esa empresa invirtió pensando que se iban a respetar las reglas de juego y advirtió que los cambios en la legislación pueden conducir al irrespeto del dinero invertido.

Manifestó que el país puede seguir creciendo en razón de que las firmas generadoras pueden aportar toda la energía necesaria, pero señaló que es necesario que se mantengan las reglas dentro del estado de derecho.

Al intervenir, el señor Joaquín Luciano, de la Fundación de Consumidores (FUNDECON), afirmó que las empresas distribuidoras retienen unos RD$40,000 millones por concepto de apagones que no han devuelto o rebajado a los consumidores.

Tras pronunciarse en contra de la penalización, el representante de FUNDECON dijo que lo que se busca reformar de la Ley General de Electricidad es la parte que no se aplica.

Rechazó además el artículo del proyecto que autoriza el corte del servicio energético después de los 30 días sin que el usuario haya pagado la factura.

La periodista Altagracia Paulino, del programa televisivo Con el consumidor, favoreció el establecimiento de programas de prevención contra el fraude, pero dijo que para que haya equidad, las empresas distribuidoras deben ser castigadas por el robo que representan los apagones.

La comunicadora se preguntó entonces cuál es más ladrón entre el que se «engancha» y la empresa que cobra 24 horas de electricidad cuando sólo sirve cuatro.

Al intervenir, el ingeniero Juan Rozón, presidente de Ingeniería Rozón, S.A., se quejó de que la factura cobrada a los usuarios que instalan transformadores es injusta porque no toma en cuenta las inversiones.

Dijo que la facturación por potencia eléctrica incentivaría la instalación de bancos de capacitadores que, sostuvo, generan energía sin utilizar combustible.