POR FIOR GIL
La construcción y el equipamiento del edificio de la Suprema Corte de Justicia costó RD$1,100 millones, uno RD$36,666 por metro cuadrado que actualmente se cotiza en un tipo de construcción que ahora se estima costaría entre RD$50,000 y RD$60,000 por metro de construcción sin el mobiliario, dijo ayer el abogado doctor Julio Cury.

Cuy explicó que una muestra de que en la obra no hubo sobrevaluación es que por la compra de 600 computadoras de pantalla plana se gastaron RD$62 millones, lo cual revela que cada una costo menos de RD$20,000.

Cury dijo que todo el escándalo en torno a la inversión y la construcción del edificio de la Suprema ha sido el resultado de una connivencia entre el suspendido subsecretario de Obras Públicas, Kalil Michel, y un sector del Proyecto Presidencial Hipólito (PPH) del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD), con el interés de hacer saltar del cargo al secretario, Freddy Pérez.

A juicio de Cury se ha montado un plan para desacreditar al secretario de Obras Públicas, luego que se haya puesto en evidencia ante el presidente de la República la actuación de «indelicadeza» que habría cometido Michel, tanto en la terminación de la Suprema Corte, como con el edificio de la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Indicó que el ex funcionario, tratando de desacreditar al secretario, acudió a la Cámara de Cuentas y a otras partes, situación que no fue enfrentada por el secretario Pérez, que dio por respuesta el silencio, pero ahora ha tenido que salir a responder a los medios de comunicación debido a la avalancha que le cayo encima.

«Porque al fin de cuentas a quien le corresponder sustituir a Kalil Michel, responsable de este escándalo, es al Presidente de la República», dijo.

CAMARA DE CUENTAS

Cury consideró absurdas las declaraciones del presidente de la Cámara de Cuentas, Máximo Castillo, sobre que harían templar a la nación los resultados de la auditoria a la construcción y amueblado del edificio de la Suprema Corte de Justicia.

Dijo que la Cámara de Cuentas ni siquiera había recibido la documentación para comenzar la auditoria cuando Castillo ya estaba hablando de resultados.

«No existe ningún fundamento de nada porque no se ha hecho la auditoria que demuestre hechos dolosos en cuanto a los bienes que se han adquirido o en la construcción», expresó.

Indicó que en virtud del artículo número 45 de la Ley 1004, que instituye la Cámara de Cuentas, todo «cuanto ha hecho la secretaria de Obras Públicas en la presente administración se presume que se ha hecho dentro de los márgenes de la ética y la legalidad y cuando el presidente de la Cámara sale a hablar sandeces esta desconociendo es presunción de legalidad que solamente puede ser desconocida por el resultado de una auditoria previamente sometida a contradicción entre los auditores y los funcionarios de Obras Públicas».

A LA JUSTICIA

Cury, dijo que el único que será sometido a la justicia por incumplimiento de contrato y por abuso de confianza y trabajos pagados y no realizados, es el contratista Guillermo Bonelly Knniping.

Indicó que antes de concluir el primer mandato del gobierno del presidente Leonel Fernández a su empresa se le pagó la totalidad del contrato. El último pago, indicó, fue condicionado a que instalara el mobiliario del edificio.

Cury designado abogado del Estado para este caso dijo que Bonelly Knniping nunca entregó el mobiliario y que al retomarse los trabajos para concluir la obra, para sorpresa de las autoridades de Obras Públicas 8 de noviembre pasado la empresa de Bonelly comunicó que había vendido los muebles importados, dijo Cury.

«Nadie le preguntó qué hizo con el dinero y el costo financiero de esos recursos. El Estado no le ha cobrado los intereses de RD$45 millones que se le habían entregado.

«Al reiniciarse la obra él solicita en una primera comunicación un primer pago de US$250,000 adicionales y Obras Publicas le paga, eso es el 6 de noviembre pasado y el 8 de octubre mediante el cheque numero 63 se le pagan RD$8,336,000, pero no conforme con eso vuelve y solicita el 11 de noviembre otros US$350,000 y se compromete a entregar los trabajos de instalación y los equipos modulares y muebles para el mes de diciembre,» indicó.

Once días después, dijo Cury, se le pagan RD$14,195,000 para que entregue e instale los muebles y luego proceder a la auditoria de cierre. «No entregó ni un alfiler. Utiliza ese dinero para otros fines que el Estado desconoce. Esa es la verdad que debe indignar al pueblo dominicano porque es el dinero que nosotros aportamos al Estado a través de los impuestos,» dijo Cury.

La semana pasada Bonelly Knniping dijo que el gobierno le habría pagado RD$176 millones a Margarita Gómez para amueblar y decorar el edificio de la Suprema Corte de Justicia a pesar de que ya le había adjudicado mediante concurso publico un contrato por RD$60 millones y de los cuales le llegaron a pagar RD$40 millones.