Un acuerdo en base al cual se aumentaría RD$282 millones a la asignación original de RD$618 millones destinada a la Cámara de Diputados, que contaría entonces con RD$900 millones, se perfila como la llave que ha destrancado el conocimiento por parte del Congreso del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos para el año 2004.

De principio, podría decirse que fue eliminado un escollo que alargaría los debates durante el conocimiento de ese proyecto y que ha evitado que la Cámara de Diputado impusiera una modificación que ya había anticipado.

Sin embargo, esta solución «consensuada» da lugar a reflexiones en cuanto a la valoración de prioridades presupuestales, pues parecería que la necesidad o el deseo de aumento de la Cámara de Diputados sería lo único a tomar en cuenta para esta especie de visto bueno al conocimiento del presupuesto, visto bueno que, dicho sea de paso, cuesta RD$282 millones.

Uno se pregunta si una vez iniciado el conocimiento del presupuesto, sería puesta sobre el tapete la necesidad de concluir trabajos de remodelación y ampliación paralizados en varios hospitales y la instalacíon de equipos que ahora están amontonados y corren riesgo de dañarse.

También merecería atención especial el que se establezca si han sido asignados los recursos necesarios para cubrir obligaciones que tiene el Gobierno con el sector energético, de modo que puedan ser honrados compromisos financieros cuyo atraso se traduce en apagones.

Hay que establecer si el recorte de RD$282 millones a otros capítulos no lesiona prioridades para privilegiar a la Cámara de Diputados y otros.

Siempre hemos planteado que el presupuesto de un país debe ser un instrumento para y por el desarrollo, en el cual el orden de prioridades determine el monto de las asignaciones. Creemos que debe ser una herramienta que garantice la buena marcha de la economía, los servicios y las instituciones. Lamentablemente, en este país el laborantismo político siempre ha impuesto el orden de prioridades. Esperamos que el ejercicio legislativo actual nos honre con una excepción a la hora de reformular el presupuesto.

[b]Preocupante[/b]

Dos jóvenes que supuestamente arrebataron prendas a otras personas en la avenida Venezuela, ensanche Ozama, fueron perseguidos y muertos por varias personas. Más que una defensa, se trata de tomarse la ley en las manos y suplantar a la Justicia.

Es cierto que la población vive indignada por los asaltos en plena calle, robos a mano armada y otros hechos que ponen en riesgo la seguridad ciudadana. También es cierto que los delincuentes logran la libertad con una celeridad pasmosa. Sin embargo, no se justifica que perdamos los estribos hasta apartarnos de la ley e incurrir en prácticas como la que estamos comentando.

Si gente armada alcanzó a esos individuos pudo haberlos dominado y proceder de acuerdo con las leyes, entregándolos a las autoridades correspondientes.

No estamos pidiendo que los ciudadanos renuncien al derecho de defenderse y proteger sus propiedades. Eso no. Pedimos que no tratemos de fomentar el linchamiento, la ejecución sumaria, porque entendamos que no recibimos adecuadas respuestas de las autoridades ante el asedio de la delincuencia. La frustración por la incompetencia de las autoridades no debería llevarnos a estos extremos.