Hace poco el sistema judicial dominicano dio un nuevo paso hacia la actualización al emitir la Suprema Corte de Justicia (SCJ) una resolución que puso en vigencia importantes cambios en las normas procesales y en aspectos relacionados con la investigación policial y el apremio corporal.

Ya antes fueron introducidos importantes cambios en el estatus del Ministerio Público, al que le fueron aprobadas prerrogativas que aligeran sus ataduras con el Poder Ejecutivo.

Y mucho antes, la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, el aumento del número de miembros de la SCJ y la modificaciómn del método de selección de los jueces se erigieron como un adelante sin precedentes en la historia del Poder Judicial.

En realidad, se ha tratado de logros importantes que deberían influir decididamente en el el afianzamiento de un Estado de Derecho sin máculas, que despejara los horrores de la denegación de justicia y el respeto de los derechos humanos.

[b]-II-[/b]

Lamentablemente estos avances no han influido para nada en ciertas áreas auxiliares del Poder Judicial, en las cuales prevalecen métodos arcáicos, denigrantes, vejatorios y que desdicen del estilo moderno.

Todavía tenemos que lidiar con la tortura, física y sicológica, en recintos carcelarios en los cuales se ha hecho una cultura la truculencia. Las cárceles de Monte Plata, Rafey y San Pedro de Macorís son ejemplos típicos de aplicación de este estilo. Sumemos a eso la situación que predomina en los destacamentos policiales, en los cuales los detenidos son amontonados en celdas inmundas, tienen que dormir en el suelo y en medio de una ausencia total de higiene. En estos recintos la única condición reconocida es la de preso, y en las jaulas son metidos juntos tanto los criminales como los imputados de cuestiones intrascendentes, de orden público.

La verdad es que hay un contraste terrible entre los avances del Poder Judicial y el atraso que predomina entre sus principales auxiliares.

[b]-III-[/b]

Por razones que parecen ostensibles, elementales, que justifican legítimas sospechas, no ha habido grandes avances en la reforma y modernización de la Policía Nacional y el sistema carcelario en sentido general.

No ha habido manera de que la reforma policial sea aprobada en el Congreso Nacional con la misma celeridad que se ha hecho, por ejemplo, con el Poder Judicial. Obstáculos de todo tipo han sido antepuestos para frenar el avance de estas reformas, al parecer porque las mismas vendrían a afectar un modus vivendi de mucha gente.

Es necesario, impostergable, que suprimamos el contraste vergonzante que predomina entre el aparato judicial y algunos de sus auxiliares. No puede ser que a estas alturas, cuando hemos refinado la metodología de administración de justicia, coexista también un estado de denegación de justicia y degradación humana como la tortura en cualquiera de sus manifestaciones.

No es posible que la ejecución sumaria continúe siendo una cifra importante en las estadísticas de violencia que registra el país. Hay que hacer las reformas necesarias para sepultar estas aberraciones, y hay que hacerlas caiga quien caiga y pésele a quien le pese.