Existe una forma de trasladarse a través de largas distancias urbanas pagando un precio razonable. Se dispone de un medio para que el ciudadano pueda ir desde su casa a su lugar de trabajo y que aún estando en la categoría salarial mínima, su bolsillo resista el costo. Es posible residir en un barrio pobre, alejado de las aulas universitarias, y sin embargo disponer de un sistema de transporte económico para estar presente día a día en los centros docentes.

La Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) es la gran facilitadora para la movilización de una numerosa fuerza laboral y estudiantil. Constituye una importante empresa estatal que brinda oportunidades de transporte a quienes menos pueden.

Difícilmente encontraremos otro subsidio de interés social mejor focalizado que este de cubrir parcialmente el costo de viajar a que están sometidos los ciudadanos de bajos ingresos.

Y se trata de una de las asistencias del Estado de más clara justificación.

Opera directamente como una inversión para sustentar el empleo o por lo menos para que hombres y mujeres tengan una vida productiva. ¿Cómo negar que es un servicio clave para la formación educativa y profesional de la juventud que tiene que esforzarse para estudiar?

Dejar que la OMSA se descalabre sería una forma de causar un daño importante a la sociedad. Que no se reclamen demasiados méritos por programas de ventas populares y por la canalización de subsidios al gas propano y a la electricidad renglones estos continuamente accidentados por incumplimientos del gobierno- si se va, al mismo tiempo, a delatar incompetencia para mantener

operando ampliamente el servicio de transporte público más importante para sectores importantes de la ciudadanía.

[b]Libre comercio[/b]

Es difícil reformar esquemas y abrirse totalmente a las importaciones si al mismo tiempo los productores locales permanecen en situación de desventaja frente al capital extranjero, en medio de la pobreza tecnológica y con costos que restan competitividad.

Se reconoce que la supresión de barreras aduanales es un reto para los países en desarrollo como República Dominicana. Se presume que cada nación ha tenido tiempo para adaptar sus infraestructuras a la nueva realidad de los intercambios comerciales sin restricción.

Pero muchas veces se llega a la cita con la historia con un penoso retraso y en el caso particular nuestro, no existe la certeza de que algunos compromisos sobre comercio fueran negociados con una eficaz defensa de los intereses nacionales.

Cada Estado tiene que prever con inteligencia y responsabilidad su forma de insertarse a la liberalización del comercio y levantar su voz ante el mundo para que el camino sin regreso de la globalización no sea particularmente duro para los débiles y excepcionalmente acomodado a la conveniencia de los poderosos.