EDITORIALES

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La retención de los fondos correspondientes a los centros de asistencia médica del Estado es un acto de crueldad que solo puede ser repetido tan frecuentemente por quienes empezaron a ignorar el dolor ajeno desde que saborearon las mieles del poder.

De la promesa de luchar contra la pobreza, dando prioridad al acceso a la salud y la enseñanza, hemos pasado a someter a la indigencia los hospitales, denegándole así el derecho a la salud a la población más pobre del país.

Es cierto que el país atraviesa por agudos déficits económico, financiero o «cuasi fiscal», pero cierto comportamiento oficial no se corresponde con esa condición, y siempre aparecen los recursos. Ese activismo político que se exhibe desde el poder, y lo que el mismo cuesta, contradice la situación que se vive en los hospitales, centros y subcentros de salud.

No se puede invocar, para justificar el abandono de los hospitales, que el Sistema Nacional de Seguridad Social (SNSS) haya modificado en nada la condición de los hospitales. En realidad, ese abandono a que están sometidos estos centros contradice el sentido de la Seguridad Social, pues con la precariedad no hay forma de garantizar nueva asistencia.

[b]-II-[/b]

Salud y Educación, dos áreas que debieron ser privilegiadas en base a la prédica de lucha contra la pobrerza, han sido de las más maltratadas en la actual gestión. Educación, por ejemplo, sólo recibió cerca de un 50% de lo que tiene asignado en el presupuesto de este año y los hospitales, cuyas subvenciones son de por sí insuficientes, no siquiera eso están recibiendo a tiempo.

En estos días el Congreso tiene en su poder el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos que regirá en el año 2004. En la pieza remitida por el Poder Ejecutivo se asignan a Salud y Educación partidas importantes, pero habiendo observado el Gobierno una conducta similar cuando concibió el Presupuesto de este año, nada nos indica que las cosas vayan a cambiar para los hospitales y las escuelas.

En más de una oportunidad, el secretario de Salud Pública, doctor José Rodríguez Soldevila, se ha quejado por la tardanza en los libramientos de fondos. A menos que haya sido modificado el sistema de nóminas y el «papeleo» para solicitar los fondos correspondientes, no parecen muy convincentes los argumentos conque se pretende explicar y justificar los atrasos.

[b]Fuegos «artificiales»[/b]

Hasta el momento, nada hemos notado de artificial en las terribles mutilaciones que han provocado en niños y adultos unos artefactos explosivos, luminosos o de ambas características, cuyos efectos dependen de la combustión de sustancias nitradas, como la pólvora. De ahí que, entonces, se nos antoja descartar que tales artefactos merezcan clasificación de «fuegos artificiales», como se les denomina.

Como todos los años, vemos que tales artefactos son vendidos al público, incluyendo menores de edad, con la misma facilidad que se venden las manzanas y las uvas. La pirotecnia debe ser manejada por expertos, o al menos así es en otros países, donde las alcaldías o gobiernos municipales y algunas empresas privadas preparan espectáculos para entretenimiento de la población.

En manos de los padres está proteger a sus hijos de las eventuales consecuencias de esta parte del libre comercio. Por cierto, tomemos muy en cuenta que la Unidad de Quemados del hospital Luis Eduardo Aybar atraviesa una crisis financiera no artificial que le impide ayudar como Dios

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