En atención a los hechos de violencia que se registraron el pasado miércoles durante la manifestación realizada por un grupo de personas frente al Congreso Nacional en reclamo de la devolución del 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores, el jurista Eduardo Jorge Prats manifestó su total reprobacióna estas actuacionese instó a las autoridades a identificar y someter a cada uno de sus responsables.

Se recuerda que los manifestantes arrojaron piedras al Congreso Nacional, ocasionando graves perjuicios a sus instalaciones.

Para Jorge Prats, “los derechos fundamentales no son absolutos, de modo que deben ejercerse en observancia de los requisitos establecidos por el constituyente.

Las personas tienen derecho a reunirse libremente para manifestar de forma colectiva sus ideas, defender sus intereses, reportar problemas y exigir reivindicaciones o, en cambio, para oponerse a la adopción de una determinada decisión, pero el ejercicio de este derecho está condicionado a la licitud de sus fines y al carácter pacífico de la reunión. Así se desprende del artículo 48 de la Constitución, al disponer que toda persona tiene derecho de reunirse, sin permiso previo, con fines lícitos y pacíficos”.

Continuó Jorge Prats señalando que “los hechos vandálicos y violentos, como los que ocurrieron ayer por parte de los manifestantes que reclaman el 30% de los fondos de pensiones, escapan de la protección constitucional otorgada por el derecho fundamental a la libertad de reunión, de modo que las autoridades pueden prohibir este tipo de manifestaciones públicas, tal y como lo establece la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Plattform Artze fur das Leben, 21 de junio de 1988) y, en consecuencia, perseguir a sus responsables”.

“El Congreso Nacional es un órgano deliberativo que debe cumplir con sus funciones constitucionales sin temor a ser agredidos o perseguido por sus decisiones.

El Estado debe adoptar las medidas que sean necesarias para evitar manifestaciones públicas que desbordan el ámbito de protección constitucional y que representan una grave peligro para el principio de representación democrática, al ser actos absolutamente vandálicos y violentos”.

En este sentido, Jorge Prats instó a las autoridades a investigar y sancionar a quienes resulten los culpables de los hechos vandálicos contra el Congreso Nacional y los senadores, aún ostenten la función de legislador, y a dar seguridad efectiva, total y permanente a los legisladores frente a cualquier tipo de coacción física o moral, para que así haya una libre y democrática deliberación de los cuerpos legislativos respecto al tema de la seguridad social sin interferencia, presión ni coacción de ningún tipo.