Según un estudio presentado ayer por Acción Empresarial para la Educación (Educa) el sistema de pensiones y jubilaciones del magisterio no es sostenible financieramente, ya que podría afectar significativamente el presupuesto asignado a educación, no solo en el largo plazo, sino también en un período más inmediato.
El estudio “Evolución del Programa Especial de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio” advierte que para el año 2030 el mismo no sería rentable sino se adoptan medidas y se revisan las inversiones que actualmente realiza el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Inabima).
El informe señala que el desempeño de la economía, dado que el presupuesto estimado para esta institución corresponde al 4% del Producto Interno Bruto (PIB), y que podría variar, se constituye en un riesgo para las finanzas del Minerd.

“La Ley 451-08 establece que los recursos acumulados en el fondo deben ser invertidos de forma tal que generen rentabilidad en beneficio de los afiliados. Las inversiones pueden ser realizadas hasta un 40% en préstamos y proyectos para el mejoramiento y adquisición de viviendas de los afiliados”, señaló el presidente de Educa, Samuel Conde, durante la presentación del informe.
Sin embargo, hasta el 2017 el Fondo de Pensiones y Jubilaciones habría invertido el 90% de los ingresos en títulos por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, creando así una dependencia del Estado.

Revisión del plan. El estudio plantea además una modificación en las causales jubilatorias para evitar retiros prematuros de profesionales en plena edad activa.
Recomienda también la implementación de un promedio salarial en un período de tiempo mayor para el cálculo de la pensión a recibir, con el fin de fortalecer el sistema de gestión de las jubilaciones y pensiones de los docentes.
“Habrá que revisar, tal vez para los maestros que aún no han ingresado al sistema, los coeficientes asociados a las causales de jubilaciones para que no sea el último salario, que suele ser el más alto en todo el período de aportación”, sostuvo Conde.
Plantea que el sistema de pensiones requiere de un ajuste a los cambios que ha tenido el sistema educativo dominicano, en relación con el tamaño del cuerpo docente y el incremento de los salarios.