El llamado de los obispos a que se atienda la educación, a que sean atacadas sus disparidades, es lo que más concuerda con el discurso oficial, que no con las acciones sobre la materia.

Desde el Gobierno siempre se ha planteado la premisa de que la educación es el motor del progreso y que debemos proyectarnos hacia el dominio del conocimiento.

La prédica en ese sentido ha dejado rezagadas las acciones, pues realmente, sea por causas atendibles o pretextos indefendibles, no se privilegia la educación hasta el grado de establecer una concordancia entre el discurso y el acto.

En un gobierno como el actual, identificado plenamente con la modernidad, el avance tecnológico, la fluidez de la información y el conocimiento como impulsores de progreso, parece contradictorio que precisamente la secretaria de Educación sea quien entre en disparidad con el criterio expresado por los obispos.

Puede ser que los graves problemas económicos que nos han arrojado en los brazos disciplinantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) han limitado nuestra capacidad de hacer una adecuada inversión social. Sin embargo, eso no justifica que se entienda que no se puede pedir para educación más que lo que se ha hecho, pues es todavía muy pobre el impulso que se le da a este renglón que es el verdadero motor del progreso económico y social de las naciones.

-II-

Al plantear esta disparidad, que se manifiesta no sólo en cuanto al mensaje de los obispos, sino también en relación con el discurso gubernamental, la secretaria de Educación pierde de vista los cuestionamientos que se hacen al orden de prioridades establecido por el Gobierno en cuanto a inversión.

Valederas o no, las críticas se refieren a renglones o proyectos no prioritarios para los cuales hay disponibilidad de recursos, mientras que falta esa liquidez para atender asuntos de prioridad, entre los cuales hay que dar lugar a la inversión en educación.

Los obispos tienen razón al plantear esta necesidad de que se atienda la educación como medio de ir eliminando las causas de muchos de los males sociales que aquejan a nuestra sociedad, entre los cuales hay que citar la violencia y la exclusión.

Y tienen razón, también, en reclamar que se trabaje con la idea de que para el 2015 toda persona con 15 años de edad haya completado el ciclo de la educación básica.

Nuestro país tiene que invertir mucho más que lo que invierte en aumentar el número de aulas, la calidad de la enseñanza, su actualización, la preparación de profesores, mejorar los índices de aprovechamiento, atenuar o eliminar las causas de los altísimos índices de deserción escolar y mejorar las condiciones para la enseñanza, de manera que sean eliminados los vicios antipedagógicos del actual sistema, como es el caso del número excesivamente alto de estudiantes por cada profesor en las aulas.

Contradecir a quienes plantean estas necesidades no le queda bien a funcionarios de un Gobierno que tiene muy claro el importante papel de la educación en el progreso de las sociedades.