Antes de que la educación privada se desarrollara, de su expansión como respuesta a la ineficiencia de la enseñanza pública y de que muchos colegios se convirtieran en lucrativo negocio, la desigualdad apenas se reflejaba en la formación escolar porque el sistema educativo nacional, con raíces hostosianas, era el mismo para ricos y pobres.

Si bien existía inequidad social en una sociedad predominantemente campesina y analfabeta, unos y otros asistían a las escuelas públicas.

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Unos y otros estudiaban en la universidad estatal, salvo algunos, muy pocos, que hacían una profesión en el exterior. Una posibilidad años después incrementada para hijos e hijas de la élite político-empresarial graduados en universidades extranjeras, previo estudios en colegios bilingües, oportunidad también al alcance, en menor proporción, en clase media alta y becados de estratos sociales medios y bajos.

La desigualdad educativa se fue expandiendo en República Dominicana hasta tocar extremos, limitando el acceso de un vasto alumnado a una educación de calidad, perpetuando las inequidades económicas y sociales, consolidando un sistema de desarrollo en el que la riqueza de pocos se asienta en la ignorancia y pobreza de muchos.

Freno a la movilidad social

El resultado ha sido pernicioso. La extrema desigualdad, acentuada con el deterioro de la calidad y politización de la educación pública, se ha convertido en retranca del desarrollo humano y de una mayor movilidad social, de un desarrollo sostenible con sólidas bases en la productividad y la competitividad, que rompa las amarras con el indetenible endeudamiento y disponga de recursos humanos altamente calificados, surgidos de todos los estratos sociales.

El país requiere de una educación de calidad para todos y todas, con menor deserción a nivel medio y universitario para impedir que el bajo desarrollo cognitivo se siga transmitiendo de generación en generación, afianzando un modelo económico estructurado a lo largo de la historia, que aumenta la inequidad, la normaliza y potencia, petrificando el triángulo de la pirámide social.

Igualdad de oportunidades

Es tiempo de aspirar a una educación emancipadora, en la que el desarrollo humano sea garante de la igualdad de oportunidades, de la construcción de una sociedad justa y solidaria que conduzca a la transformación integral de la vida social en campos y ciudades.

Para que el sistema educativo cumpla con esos objetivos, con su función de consolidar la cultura democrática, debe ser inclusivo, orientado a formar una ciudadanía crítica y participativa, condición esencial para la sostenibilidad democrática.

Si bien la posibilidad de cursar una carrera técnica y universitaria se ha expandido, los egresados tienen escasas oportunidades de ascender en la escala social, restringida por la falta de empleos de calidad y bajos salarios, lo que aumenta la aspiración de profesionales a emigrar al exterior o a trabajar desde el país contratado por una empresa multinacional.

Por igual, se ha avanzado bastante en infraestructuras y dotaciones en alimentación y transporte, como también en la innovación de contenidos curriculares, pero la aplicación de éstos, responsabilidad del profesorado, es precaria.

Educación inclusiva

Novedosas concepciones pedagógicas fundamentadas en educar para la vida incluyen en sus programas contenidos y prácticas inclusivas, resaltan la necesidad de educar con miras a la justicia social. Recomiendan impulsar políticas que promuevan una mayor equidad educativa, una educación como derecho humano, con énfasis en la integración social y el respeto a la diversidad.

– Educar en el principio básico de concienciar al alumnado contra prejuicios y discriminaciones, sobre la desigualdad en todas sus dimensiones: social, económica, de género, rural-urbana, entre otras.

– Educar, con énfasis en el nivel medio y universitario, sobre la responsabilidad de la ciudadanía en una participación activa para crear una sociedad en la que se erradiquen concepciones y prácticas sociales basadas en considerar la desigualdad como natural y aceptable.

Estos nuevos modelos educativos suponen un cambio en la formación del profesorado, desarrollando actitudes y capacidades para cuestionar críticamente la realidad educativa y la búsqueda de alternativas que superen injusticias y desigualdades.

Se trata de formar ciudadanos para una sociedad donde los recursos, el esfuerzo para el avance científico y tecnológico se centren en impulsar un modelo social en el que prime el buen vivir sobre la premisa de la igualdad de derechos y oportunidades, donde no se conciba como posible la desmedida desigualdad.