El 43.5% de los haitianos que viven en el país no tiene ningún nivel educativo, el 32.5% ha terminado la primaria, el 16.8% tiene estudios secundarios y sólo el 7.2% cuenta con estudios del nivel superior.
Estos porcentajes evidencian que el acceso a la educación es una de las mayores brechas que existen entre dominicanos y haitianos, según establece el informe Política social: capacidades y derechos, de la Oficina de Desarrollo Humano de la Organización de las Naciones Unidas.
En cuanto al acceso a las escuelas dominicanas, sólo el 3.2% de los inmigrantes haitianos ha reportado haber asistido a ellas.
Haciendo hincapié en la población que va de los 5 a los 24 años, indica que sólo el 26.6% se ha matriculado en las escuelas, frente al 75.6% de los dominicanos.
En el año escolar 2005-2006 hubo 20,700 estudiantes haitianos en centros escolares dominicanos, lo que representa el 1.19% del total de los estudiantes matriculados. Esta cifra, resalta el informe, se refiere sólo a los estudiantes de nacionalidad haitiana y no incluye a los que tienen origen haitiano.
El 93.6% de los estudiantes haitianos asiste a centros públicos y el 6.4% está matriculado en centros privados o semi-oficiales.
Costo. Al hacer un balance de lo que esto significa para el Estado dominicano, el informe señala que el per cápita del gasto público promedio total en educación ejecutado en el 2005 y 2006, que fue de RD$8,740.66 por estudiante matriculado en ese año escolar, resultaría un gasto público anual en educación de RD$164.72 millones (US$4.99 millones) generado por los estudiantes haitianos incorporados a los centros escolares públicos en ese período.
Esto equivale a un 0.99% del gasto total ejecutado por el Ministerio de Educación en esos años.
Ocupación. Respecto a la ocupación, en la zona rural la agricultura sigue siendo el sector de mayor incorporación de trabajadores inmigrantes, con el 35.3% de ellos, aunque el 28.9% se emplea en actividades agrícolas no azucareras; un 15.4% labora en la construcción, un 2.2% en la industria, un 8.8% se concentra en el comercio y un 8.5% en los servicios.
El mercado laboral urbano es distinto: más de la mitad de la población, 55%, se centra en actividades de la construcción; 23.6% se dedica a actividades agrícolas no azucareras, el 1.4% a la agricultura azucarera, el 2.7% a la industria, 8.4% al comercio y 7.6% a los servicios, establece el informe sobre política social de RD.
La migración haitiana es cada vez más urbana y ha cambiado su integración laboral.
Los índices indican que ahora el 55% de los indocumentados vive en el área urbana y el 45% en la rural. De los ingenios azucareros, ubicados principalmente en el Este y en el Sur, han ido hacia el gran Santo Domingo y la zona Norte.
Servicio Jesuita opina
El director nacional del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM), sacerdote Mario Serrano, consideró que el informe de Naciones Unidas sobre la población haitiana en el país corrobora la realidad que viven los inmigrantes, que a pesar que se dice que representan una carga, son los que están asumiendo los trabajos más pesados y en condiciones laborales muy deprimentes.
Dijo que eso se contacta en los campos con las condiciones infrahumanas en que viven los haitianos que trabajan en la agricultura. Igualmente en las urbes y las construcciones que viven precariamente en violación a la Ley Laboral. El informe revela una realidad que se ha estado diciendo y se ha querido ocultar, expresó Serrano.
El sacerdote reiteró que el país emisor de emigrantes debe predicar con el ejemplo y defender a los trabajadores extranjeros, tal como se hace en los Estados Unidos, que se lucha por la protección de sus derechos.
Apuntó que el país debe definir una política migratoria y aprobar el reglamento de migración que todavía está a la espera y además mejorar los procedimientos en la frontera, que más bien sirven para promover la estafa y la violación de los derechos humanos de los migrantes, siendo el Estado dominicano el principal violador. Serrano criticó que la Estrategia Nacional de Desarrollo que diseñan las autoridades a 20 años no trata de manera profunda el tema migratorio, sino de manera leve.