Los seres humanos tenemos una propensión natural a clasificar la realidad y a encontrar patrones en la misma. Además, tendemos a nombrar (etiquetar) nuestras clasificaciones. Este mecanismo nos facilita la compresión de los fenómenos, pues nos permite analizar grandes cantidades de información sin que nos perdamos en detalles aparentemente “insignificantes”. Gracias a ello, en la interacción social, clasificamos a las personas en grupos con ciertos patrones similares para comprender cómo se relacionan. Esto da paso a los estereotipos, los cuales tienen una función de economía de la percepción (Sánchez y Martínez, 2012).

Por otra parte, parece ser que la sociedad, en el mayor de los casos, se ha construido en función del promedio, constituyéndose en torno a éste el rango de lo que es considerado como “normal”. Así podemos hablar de un rango normal de cociente intelectual (CI), en donde la media es 100 y entre 85-115 es el rengo de lo normal. En términos concretos esto sólo significa que la mayor parte de las personas encajan dentro de ese rango y que hay una cantidad menor de personas que están fuera del mismo.

Uno de los problemas surge cuando, a partir de lo anterior, clasificamos a las personas en grupos estereotipados y les asignamos etiquetas peyorativas. Por ejemplo, retrasado mental o discapacidad para el aprendizaje. Desde aquí se construyen prejuicios sobre las personas dentro de dichos grupos, se les excluye y se les menosprecia. Si aplicamos esto a la educación, tendrán acceso a la misma los “normales”, pero los demás no. Y en caso de que tenga acceso, será en clases especiales apartados del resto.

Pero, ¿qué es lo normal? Obviando toda la discusión conceptual al respecto, en términos sencillos lo normal es una construcción social basada en la observación de un patrón se repite de forma estable en determinadas circunstancias. Esto crea un hábito y luego si el hábito se mantiene crea la norma. El problema en todo esto es que la norma es sacraliza y estandarizada, todo lo que no encaja en la misma es anormal. De manera que, como dice Furnham (2014), la historia y la cultura van a configurar lo que se considera normal. En este punto la realidad pierde su diversidad absorbida por la ilusión ideológica de lo homogéneo. Por lo cual, todas las creaciones sociales responden a la idea de que la realidad es uniforme.

Todo lo dicho hasta este punto nos lleva a preguntarnos ¿qué es una educación inclusiva? ¿Cuáles serían las implicaciones de una educación inclusiva? ¿Qué se necesitaría para hacer posible una educación inclusiva? ¿Cuáles implicaciones tiene la diversidad en una educación inclusiva? Antes de abordar estos interrogantes, considero pertinente señalar algunos aspectos históricos de la educación inclusiva.

En 1978 se presenta en Reinos Unidos el Informe Warnock, el cual fue realizado por una comisión de expertos en 1974, y cuyo propósito básico era analizar y revisar alternativas a la situación de la educación especial de ese momento (Aguilar, 2004). De esta manera surgen los estudios sobre las Necesidades Educativas Especiales (NEE). Luego, en los años 80’ se introduce la idea de integración educativa con la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI), España, 1982. Ahora bien, es partir de la década de los 90’ cuando empezamos a hablar de educación inclusiva, desde la Conferencia de Educación para Todos en 1990 y el Marco de Acción de la Declaración de Salamanca de 1994.

Entonces, ¿qué es una educación inclusiva? Para unos es una sustitución del concepto de integración, para otros un avance (Arnaiz, 1996). Lo cierto es que da la confusión que en ocasiones surge en torno a estos términos es necesario diferenciar uno de otro. En la integración el individuo pasaba a formar parte de la clase regular, pero era percibido como diferente a los demás, era sacado del aula para clase especiales, se buscaba normalizar al individuo desde una función rehabilitadora (Barton, 1990).

En cambio, la educación inclusiva va más allá, como puede observarse en el punto 3 del Marco de Acción de la Declaración de Salamanca de 1994: “las escuelas deben acoger a todos los niños, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras.” Aguilar (2004) dice que la educación inclusiva debe ser entendida como un movimiento educativo fundamentado en el principio de educación para todos, que como tal reconoce la educación como un derecho inalienable de todas las personas. Por lo tanto y consecuentemente se opone a cualquier forma de segregación en la educación por razones personales, sociales, étnicas o culturales.

Lo dicho hasta aquí tiene diversas implicaciones al momento de llevar a la praxis educativa la idea de la inclusión. Como entiende Aguilar, no podemos hablar de educación inclusiva fuera del marco de atención a la diversidad. Para ella, el reto está en reconocer el valor de la diversidad como un bien en sí misma, que a su vez enriquece la sociedad (Aguilar, 2004). Es aquí el punto medular de lo que venimos diciendo. No es posible una educación inclusiva a menos que se esté convencido de que la educación debe atender a la diversidad, porque ella es valiosa y nos enriquece en todos los sentidos. De manera que la educación inclusiva es la base de la transformación social.

Entonces, una educación inclusiva implica una transformación en la consciencia social. Es necesario superar el binomio normal-anormal, los estereotipos y la homogeneidad por la diversidad que va más allá de integrar a personas con alguna condición física. Una educación inclusiva no es posible en un contexto donde se discrimina, se patologiza, se condena, se hace sentir culpable o se menosprecia al que es diferente; sea esta diferencia económica, por la clase social, por género, por color de piel, por la creencia religiosa o por no creer, por la orientación sexual o la identidad de género, por ser extranjero, por la cultura, por el rendimiento académico, por alguna condición física, etc.

Para que pueda haber una educación inclusiva es necesario realizar transformaciones a nivel ideológico, de estructuras físicas, de relaciones sociales y de la estructura educativa. Es necesario que haya interés político e inversión económica, que comunidad y escuela trabajen juntas en la educación, que haya compromiso social, que se promueva el valor de la diversidad, el derecho de que cada persona de la sociedad reciba educación de calidad, la solidaridad y empatía, que se construyan currículos compatibles con las necesidades cada estudiante. En definitiva, que la educación responda a la diversidad y la complejidad humana.