La Constitución garantiza a cada persona el  derecho a una educación integral que le permita su desarrollo como  individuo  y la realización de  actividades socialmente  útiles. La  familia es, sin   dudas, la primera responsable de la educación, pero el Estado juega un papel fundamental en garantizar las condiciones para lograr esta meta.

La educación genera equidad, crea oportunidades y construye ciudadanía, además es el motor del desarrollo, ya que empuja el crecimiento económico al generar un mejor capital humano.

La educación impacta positivamente en   reducir  la pobreza y el crimen,   en el desarrollo de la democracia y en el mejor uso de la libertad de expresión.

A pesar de que las autoridades, empresarios, educadores y expertos coinciden  hace años  en que la deficiencia educativa es el principal mal del país,  nunca ha sido una prioridad. Tanto   así, que las políticas y medidas han quedado plasmadas en planes y proyectos que no han pasado de la teoría.

Mucho se habla, se discute y escribe sobre el tema pero se termina redundando alrededor de los mismos problemas fundamentales: el poco   presupuesto, la mala infraestructura, formación y condiciones docentes, calidad de la educación, tasas de ingreso y egreso, acceso, equidad y monitorización.

Estos son grandes retos que frenan el desarrollo nacional y que necesitan una solución por   la sociedad en su conjunto. Estos planes no se pueden postergar y deben iniciarse ahora.

Baja calidad.  Hay avances en el sector educativo en los últimos años, pero estos son sólo cuantitativos: más aulas, más alumnos inscritos, menos analfabetos, más docentes pero, si hablamos de calidad, las evaluaciones están salpicadas de números rojos. En la mayoría se obtiene una calificación mediocre.  Esto revela que la calidad de la educación es mala. 

El país presenta muy malas calificaciones en la mayoría de los informes elaborados por organismos internacionales y locales, entre ellos  las propias pruebas nacionales, que se usan  para evaluar su desempeño en educación.

Para muestra, un botón: el país se encuentra en la posición 137 de 139  en calidad de la educación primaria; la posición 133 en calidad del sistema educativo,  la tasa de matriculación de la educación primaria es de 120 y la secundaria de 94. En la calidad de la educación en matemáticas y ciencias colocan al país en el lugar 139 y entre los cuatro países  con peores calificaciones.

A esto se agrega que República Dominicana se encuentra entre los  países de América Latina que presentan  los más altos déficits  en las condiciones de infraestructura educativa y el acceso a los servicios básicos está muy por debajo del promedio de la región.

Por otro lado,  las evaluaciones a los maestros muestran que el   88.6%  comete faltas ortográficas al conjugar verbos y escribir palabras de uso cotidiano y que los niños reproducen lo que los maestros les enseñan.

Además, existen brechas muy marcadas entre la educación pública y la privada, los estudiantes que proceden de hogares pobres y los ricos, el  nivel de acceso de hombres y mujeres, así como las diferencias  educativas entre los estudiantes que residen en la  zona urbana o  la  rural.

Cifras.  El sistema público cuenta con 31,000 aulas, 5,400 planteles y 11,400 centros educativos, ya que en cada edificación pueden funcionar dos y tres escuelas con nombres distintos y de diferentes niveles. El déficit supera las 15,000 aulas, lo que impide alcanzar  una cobertura universal  y bajar la cantidad de alumnos por salones de clase. 

El resultado de las deficiencias acumuladas es que alrededor de 400 mil niños y adolescentes están fuera de las escuelas y el Ministerio de Educación carece de recursos económicos para expandir el acceso y mejorar los salones de clases existentes.  

Además la tasa de retorno de los estudiantes es baja en relación al promedio de la región. Del total de 100 estudiantes que ingresan  al primer grado de la escuela básica, sólo alrededor de 63% llegará alguna vez a la escuela media (al noveno grado) y alrededor del 48% llegarán al cuarto año de bachillerato, pues el resto abandonará los estudios en algún punto previo.

Además, 50 de cada 100 jóvenes entre 14 y 18 años son excluidos de la educación media; 11 de cada 100 entre 6 y 13 años no tienen educación básica y los niños y niñas entre tres y  cinco  años no tienen acceso a  preescolar.

Analfabetismo funcional.  En los últimos cinco años la tasa de analfabetismo ha mejorado y tiende a estabilizarse alrededor de 11% para las personas de   15 años o más.

 Sin embargo, las personas con analfabetismo funcional, aquellas que saben leer y escribir  pero no son capaces de entender el significado de textos e interpretarlos, se estima que representa    25% de la población nacional, más del doble de la población que declara ser analfabeta.

Es decir, uno de cada cuatro es analfabeto funcional y más de uno de cada tres no ha ido a la escuela o apenas completó el tercer curso de primaria o menos.

Las provincias donde hay más analfabetos funcionales son Baoruco y Elías Piña, donde uno de cada dos dominicanos tiene  estas limitaciones.

Gasto en educación. Desde hace 15 años ha sido violentada la ley General de Educación que consigna el 4% del Producto Interno Bruto (PIB)  para ese sector. El gasto público total en educación está muy por debajo de la región, con un 2.9%, cuando el promedio en América Latina es entre 5 y 6% desde hace cinco años. El gasto en educación representa el 28% del gasto social total del país.

Además el país tiene los más bajos gastos por estudiante en la región. Por ejemplo, es el tercer país en menos inversión per cápita en educación primaria, el promedio en la región es 581 dólares y aquí se invierte 427 dólares.

Las promesas.  El   presidente  Danilo Medina se comprometió en su discurso de toma de posesión  a invertir el 4% del PIB en educación para   2013, erradicar el analfabetismo para   2014 y citó una serie de programas para lograr este objetivo.

Fuentes: Estrategia Nacional del Desarrollo, el Índice Global de Competitividad 2010-2011, Objetivos del Milenio, Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo y Grupo Pareto e Índice de Desarrollo Humano.

Universidades

En el país hay más de 400 mil estudiantes inscritos en los  56 centros de educación universitaria, pero la tasa de egreso de los estudiantes es de apenas un 10% cuando debería ser el doble.  

Ausencia de butacas y deterioro de las mismas, falta de aulas y malas condiciones de las existentes, carencias de profesores y de equipos adecuados y baja calidad educativa son algunos de los problemas  de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tiene 180 mil estudiantes. Ante esta situación muchos jóvenes acuden a las universidades privadas, que tiene una tarifa por crédito de RD$300 a RD$1,600. Hay universidades donde el semestre puede llegar a costar más de RD$80 mil, unos precios altos si se toma en cuenta que el 40% de la población es pobre.

El sector empresarial está a favor de más inversión y mejor calidad en la educación pero piden más prioridad en la formación técnico-profesional. Exhortan a incentivar carreras que necesitan los sectores productivos, porque hay una concentración de estudiantes en carreras que están saturadas de empleados en el mercado.

Maestros

Otro problema que requiere solución urgente es los pocos maestros y las  debilidades en la capacitación de los mismos. En el año 2011 el sector público empleaba  61,214 maestros y será necesario que por lo menos se dupliquen para reducir el número de alumnos por aula. Hay que añadir 15,000 docentes adicionales para alcanzar la cobertura universal. 

A esta demanda se agrega la necesidad de elevar los sueldos de estos, ya que no cubre el costo de la canasta familiar del quintil más pobre de la sociedad dominicana, de RD$10,407 mensuales y el costo de la canasta promedio es de RD$23,398. El sueldo base de un profesor pre-universitario es de RD$8,972.63, del cual destinan el 60 por ciento  a la cobertura de su transporte y representación.

Además tienen baja cobertura de seguridad social y urge incentivar y fortalecer la licenciatura en educación  y que sean sometidos  a un sistema efectivo de evaluación de desempeño en el que también participen las asociaciones de padres y el Ministerio de Educación.