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El Ministerio de Educación negó que violara la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones del Estado en la adquisición de mobiliario escolar iniciada en el 2010, por RD$701,718,582.72, en lo referente a dar participación a las pequeñas y medianas empresas (pyme).
La entidad hizo la aclaración en respuesta a la acusación de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) por la supuesta adjudicación sin dar participación a ese sector en el proceso, y especificó que solo una pyme, la Distribuidora Escolar (Disesa), acudió al llamado.
En una nota indicó que a Disesa se le adjudicó el 15 por ciento del total. El 85 por ciento restante correspondió a otras siete empresas locales, que fueron: Muebles León G (11 por ciento), Eduprogreso, SRL (9 por ciento), Oficina Universal S.A.(22 por ciento), Empresas Integradas S.A. (11 por ciento), Inversiones Fargenex SRL. (15 por ciento), Suplidores Antillanos SRL (8 por ciento) y Opepi Ferretería SRL (9 por ciento).
Dijo que para realizar la selección se hicieron evaluaciones financieras, legales y técnicas de los mobiliarios ofertados. Los aspectos técnicos fueron evaluados por el Instituto de Innovación y Biotecnología, contratado para esos fines.
Recordó que el artículo 55 del Reglamento de Aplicación de la Ley 340-06 establece que los pliegos de bases y condiciones particulares deberán prever la posibilidad de presentar ofertas parciales por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas y que ese aspecto fue contemplado en los pliegos de la licitación LPN-08-2010.
Explicó que al asumir el cargo, Josefina Pimentel encontró un proceso concluido, del que quedaba pendiente solo la firma de los contratos con las empresas ganadoras, al cual dio curso para el posterior proceso de legalización de contratos.
El llamado a licitación fue realizado públicamente como dispone la Ley 340-06, expresa el texto.
Afirmó que la adjudicación no fue objetada por ninguno de los participantes en el plazo establecido, tampoco en los meses siguientes y que en la licitación no participó ninguna de las empresas o asociaciones que objetan el proceso.
