POR JESÚS DE LA ROSA
La Conferencia del Episcopado Dominicano, en su mensaje Educación en la Verdad dirigido al pueblo dominicano con motivo de la celebración del ciento sesenta y dos aniversario de la Fundación de la República, expresó su preocupación ante el incumplimiento de parte del Poder Legislativo de la Ley General de Educación no. 66 97 y de la 139 -01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en lo referente a los porcentajes del presupuesto nacional que deben ser invertidos en educación pre universitaria y superior.

En su carta pastoral, los obispos dominicanos proponen la implementación de un pacto multisectorial que abogue porque el sector de educación reciba los recursos que sean necesarios para que todos los dominicanos y dominicanas en edad escolar disfruten del derecho a una educación de calidad.

A nuestros pastores les preocupa el hecho de que el sector de educación no disponga de suficientes recursos en momentos en que el gobierno del presidente Leonel Fernández pregona la inserción de la nación en la sociedad global y la mejoría de nuestra economía.

En la sección económica del periódico HOY en su edición correspondiente al 28 de febrero recién pasado, aparecen unas declaraciones de los empresarios de Herrera contenidas en el boletín de su agrupación dando cuenta que causa espanto la velocidad a la que el país retrocede en términos de competitividad debido, básicamente al progresivo deterioro de la educación y a la crisis eléctrica.

Los empresarios e industriales dominicanos estiman que las universidades y los institutos de formación técnico profesional del país no están recibiendo de parte del Estado los recursos económicos que necesitan; y que los egresados de nuestras universidades y de nuestros institutos politécnicos no están en capacidad de responder a las necesidades del aparato productivo del país.

El presidente de la sociedad que agrupa a los empresarios e industriales de Herrera, ingeniero Ernesto Vilalta, afirma el que el país ocupaba en el año 2000 el puesto cuadragésimo en el ranking de competitividad; pero, que dos años después había retrocedido al lugar septuagésimo segundo; y que en el año 2004 se encontraba en el centésimo segundo lugar, en un retroceso que él considera fatídico para el futuro cercano de la producción nacional.

El destacado economista Miguel Sang Ben comparte la misma opinión que los empresarios industriales de Herrera cuando advierte que la competitividad de la República Dominicana es cada vez menor a la competitividad de cada uno de los países centroamericanos firmantes al igual que el nuestro de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América.

Dos días antes del pronunciamiento de los obispos, el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, maestro Roberto Reyna, había advertido que los programas de mejoramiento de la calidad de la educación que se ofrece en la UASD podrían suspenderse por falta de recursos económicos con que sostenerlos; y que la docencia en algunos centros universitarios regionales podría ser interrumpida por la misma causa.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 139-01 a la Universidad Autónoma de Santo Domingo debió asignársele este año un presupuesto de 6 mil 950 millones de pesos; pero, los señores legisladores, al aparecer más preocupados por el sostenimiento económico de sus ONG que por la formación superior de los dominicanos, aprobaron la insignificante suma de 2 mil 32 millones de pesos para el sostenimiento de una universidad estatal que ya cuenta con una población estudiantil de más de 175 mil estudiantes, una sede central, once centros regionales, y seis extensiones esparcidas en toda la geografía nacional.

Los docentes, los extensionistas y los investigadores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en vez de laborar 20 horas semanales como está establecido en el Estatuto Orgánico de esa Alta Casa de estudios y como ocurre en casi todos los países del mundo, laboran más de 40 horas semanales, con el agravante de que, para complementar sus gastos, muchos de ellos se ven obligados laborar en otras universidades.

Esos esforzados académicos de la UASD no deben seguir llevando a cuesta la pesada carga de financiar con su trabajo el incumplimiento estatal.

A la Secretaría de Educación, Superior, Ciencia yTecnología los señores legisladores le aprobaron un presupuesto de 2,811 millones de pesos, incluido en esa suma 2mil, 32 millones de pesos que le corresponden a la UASD.

La Secretaría de Educación, Superior, Ciencia y Tecnología deberá este año atender a todos sus gastos y a todas sus inversiones con la insignificante suma de 779 millones de pesos.

¿Cómo la Secretaría contribuirá al financiamiento de las instituciones privadas de educación superior?

¿Cómo propiciaremos la incorporación y transferencia de nuevos conocimientos?

¿Cómo financiará las investigaciones científicas que llevan a cabo nuestras universidades y cómo difundirá los conocimientos científicos y los avances tecnológicos?

¿ Con un presupuesto de 779 millones de pesos?

A la Secretaría de Educación le asignaron este año un presupuesto de poco más de 16 mil millones de pesos; suma ésta muy inferior a la de 38 mil millones de pesos, que es el monto a que, de acuerdo con la Ley, debió elevarse el presupuesto de este año de esa dependencia estatal.

El sistema de instrucción pública de la República Dominicana es el peor financiado de la América española.

Los dominicanos y las dominicanas tienen derecho a disfrutar de un sistema de instrucción pública funcional servido por cualificados técnicos y profesionales de la educación. Pero, ¿ cómo habremos de disfrutar de ese derecho? ¿ Con un presupuesto de menos de la mitad del consignado en la Ley? ¿Con una inversión anual por estudiante matriculado de menos de 3 mil 200 pesos?

Los técnicos nacionales que intervenimos en la formulación del Plan Decenal de Educación 1993-2003 y en la redacción de los anteproyectos de una nueva ley de educación y de una ley de educación superior, ciencia y tecnología, sostuvimos hace más de 10 años que una reforma sustancial del sistema dominicano de instrucción pública demandaba de una inversión anual equivalente a no menos del 25% del presupuesto nacional.

Los catedráticos de la Universidad Complutense de Madrid Javier Fernández Vallina y Manuel Maceiras acaban de afirmar lo mismo en dos charlas que pronunciaron durante la Conferencia Internacional sobre la Dignificación de la Educación Pública que acaba de organizar aquí el Foro de Reflexión Socioeducativo.

Los catedráticos iberos sostuvieron en ese encuentro con autoridades, funcionarios y técnicos de la Secretaría de Educación que para que el país pudiera contar con un sistema educativo funcional se requería destinar un 25% del gasto público a Educación.

Los gastos e inversiones del gobierno en Educación pre universitaria y superior de este año ascenderán a 22 mil 11 millones de pesos, equivalentes a un 9% del gasto público.

Es que el compromiso de pago de la deuda externa se traga muchos recursos y limita nuestras posibilidades de inversión en salud, educación, vivienda y medio ambiente.

El presupuesto nacional de este año, al igual que el anterior, fue formulado atendiendo a las exigencias, a las recomendaciones y a los requerimientos del puñetero Fondo Monetario Internacional.

Este año tenemos que pagarles a las entidades internacionales de crédito 1,173 millones de dólares, equivalente a 41 mil, 908 millones de pesos.

Vamos a tener este año que pagarles a nuestros acreedores internacionales casi el doble de lo que invertiremos en la educación y formación de los ciudadanos de este desdichado país.

Como lo acaba de expresar el Presidente Leonel Fernández no existe democracia plena donde hay carencia de viviendas, de empleo, y donde no hay acceso a la educación de calidad, a la salud y al disfrute pleno de los derechos individuales.

Para evitar que el sistema de instrucción pública colapse, el Presidente Fernández deberá destinar una parte de las partidas presupuestarias de la Presidencia de la República al sector Educación. Seguros estamos de que lo hará.

Viendo sus hijos crecer sanos y estudiar en los mejores colegios y universidades del país y de exterior, se pasean por esas calles de Dios los responsables de la quiebra económica de este desventurado país.

Después de saqueadas las arcas del Estado; de esfumarse miles de millones de pesos y de dólares; y de repartirse entre particulares millones de tareas de tierra que eran propiedad del Estado dominicano ninguno de los participantes en esos asaltos ha sido condenado ni guarda prisión preventiva. Eso no importaría si al final de los tiempos se hace realidad el deseo de muchos de ver enjaulados a delincuentes de cuellos blancos.