WASHINGTON — El gobierno del presidente Donald Trump abrió hoy la puerta para demandas contra empresas extranjeras que operen en propiedades confiscadas a estadounidenses tras la revolución cubana de 1959.

La decisión representa un cambio en más de dos décadas de política estadounidense hacia La Habana y un golpe a los esfuerzos de La Habana para atraer inversión extranjera a la isla de gobierno comunista.

Durante una conferencia de prensa en Washington, el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que no renovará una prohibición a las litigaciones, que ha estado vigente desde hace dos décadas.
Esto significa que se podrán presentar demandas a partir del 2 de mayo, cuando expire la suspensión actual. La decisión podría afectar a decenas de empresas canadienses y europeas por hasta decenas de miles de millones de dólares en indemnizaciones e intereses.

“Cualquier persona o empresa que haga negocios en Cuba debe prestar atención a este anuncio”, declaró Pompeo.

Pompeo dijo que el gobierno estadounidense estaba actuando porque reconocía la “realidad” de que la prohibición de las demandas, que ha estado en vigor desde 1996, no había logrado el objetivo de presionar a Cuba para que promulgara reformas democráticas o frenara lo que él calificó de exportación de opresión a toda América, particularmente a Venezuela.

“Vemos claramente que la represión del régimen contra su propio pueblo y la exportación persistente de la tiranía en la región sólo ha empeorado, porque los dictadores perciben el apaciguamiento como debilidad, no como fuerza”, dijo a los periodistas en el Departamento de Estado.

El anuncio de Pompeo da a los estadounidenses el derecho de demandar a las compañías que operan en hoteles, negocios tabaqueros, destilerías y otras propiedades que Cuba nacionalizó después de que Fidel Castro tomara el poder.

Permite que los cubanos que se convirtieron en ciudadanos estadounidenses años después de que les quitaron sus propiedades puedan presentar demandas.

“Esas oportunidades de justicia para esos ciudadanos han estado fuera de alcance durante dos décadas”, declaró Pompeo.

Hay alrededor de 6.000 reclamos que el Departamento de Justicia ha certificado como meritorios, según Kimberly Breier, la principal diplomática de Estados Unidos para América. Esas pretensiones tienen un valor calculado en 8.000 millones de dólares: 2.000 millones en propiedades y 6.000 millones en intereses, dijo. Además, hay alrededor de 200.000 reclamaciones sin certificar que podrían ascender a decenas de miles de millones de dólares, agregó.

Breier declaró que no habría excepciones a la decisión, lo que ya ha provocado respuestas severas de Canadá y Europa, que se comprometieron a proteger a sus empresas de demandas judiciales. Dijo que la única manera de que las empresas estén a salvo de los litigios será asegurarse de que no están haciendo negocios con propiedades expropiadas.

“Las empresas europeas que operan en Cuba no tendrán nada de qué preocuparse si no operan en propiedades que les han sido arrebatadas a los estadounidenses”, aseveró.

El anuncio se hizo mientras Cuba se esfuerza por atraer inversión extranjera y el gobierno de Trump toma medidas para aislar al asediado mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien se aferra al poder con la ayuda de otros países, entre ellos Cuba, China y Rusia.

La portavoz del gobierno de España, Isabel Celaá, informó el miércoles que las autoridades ofrecerán apoyo a cualquier empresa española afectada por posibles demandas de Estados Unidos contra empresas extranjeras en Cuba. Celaá no se explayó sobre la forma que podría adoptar el apoyo del gobierno español.

España tiene grandes inversiones en hoteles y otros sectores relacionados con el turismo en Cuba.

Un alto funcionario del gobierno español dijo a The Associated Press que Madrid pediría a la Unión Europea que impugne la medida de Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio.

Empresas de Canadá, Francia y Gran Bretaña, entre otros países, también realizan negocios en propiedades nacionalizadas después de que Castro tomó el poder.

La Unión Europea advirtió el miércoles que está preparada para proteger los intereses de las firmas europeas o personas que hagan negocios en Cuba que podrían verse afectadas por las anunciadas demandas estadounidenses.

El vocero de la Comisión Europea, Alexander Winterstein, dijo que la UE “está preparada para proteger los intereses europeos, incluyendo las inversiones europeas y las actividades económicas de los individuos y entidades europeos en sus relaciones con Cuba”.