CARACAS (EFE).- El subsecretario de Estado Adjunto de EEUU para Asuntos Interamericanos, Peter DeShazo, admitió ayer la financiación de Washington a grupos opositores y afines al Gobierno de Venezuela, lo que está prohibido por las leyes venezolanas.

«No voy a entrar en detalles sobre los planes individuales (financiados por EEUU), pero son muy transparentes (…). Apoyos que ha dado EEUU a entidades que fomentan y apoyan las instituciones democráticas; lo ha hecho de una forma muy abierta y (en beneficio) de una amplia gama de sectores», dijo en rueda de prensa, durante una visita de 24 horas a Caracas, no anunciada con anticipación.

En Venezuela, insistió DeShazo, tras entrevistarse con el vicepresidente y el canciller venezolanos, José Vicente Rangel y Jesús Pérez, respectivamente, «hemos contribuido con organizaciones no gubernamentales que trabajan y han trabajado durante años con programas abiertos a todos los sectores políticos y democráticos (…), proclives y no proclives al gobierno».

DeShazo se abstuvo de aludir a otras denuncias del presidente venezolano, Hugo Chávez, acerca de que el Gobierno de Washington está supuestamente al tanto de planes para derrocarlo e «instaurar una dictadura y masacrar al pueblo», como lo aseguró el mandatario el pasado domingo en su programa semanal «Aló, Presidente».

En esa oportunidad Chávez exhortó una vez más a EEUU «a no meterse con Venezuela».

DeShazo tampoco aludió al convencimiento que Chávez dijo tener de que EEUU lo acusará de impedir un referendo en su contra, si resultan insuficientes las firmas de opositores que son revisadas en la actualidad por el autónomo Consejo Nacional Electoral (CNE).

Chávez estimó que la Casa Blanca presionará a gobernantes de otros países y a la Organización de Estados Americanos (OEA) para condenarlo internacionalmente si no se activa esa eventual consulta.

El funcionario estadounidense subrayó que la voluntad de los firmantes debe ser respetada en dicha verificación por encima de «tecnicismos electorales» y que Washington «se mantendrá muy cerca» del proceso que ejecuta el CNE junto a observadores de la OEA, del Centro Carter (CC) y delegados venezolanos de ambos bandos.

Tras la intervención de DeShazo, el vicepresidente venezolano especificó en otra rueda de prensa que una sentencia judicial del 21 noviembre de 2001 prohíbe financiación extranjera a grupos políticos o no gubernamentales venezolanos y que así se lo recordó al visitante.

También que no pueden ser considerados como «tecnicismos electorales» las firmas de fallecidos, menores de edad, extranjeros y otras personas inhabilitadas que constan, según el Gobierno, en buena parte de los listados de electores que demandan el referendo revocatorio contra el mandatario.

Rangel subrayó que es el CNE el que emitirá el fallo sobre la legalidad de las firmas, independientemente de que el Ejecutivo apele ante instancias judiciales si se admiten las rúbricas que el Gobierno y sus seguidores opinan que no son válidas.

Aunque exhortó a EEUU y a la oposición venezolana a emitir un pronunciamiento sobre su aceptación a cualquier fallo que emita el CNE, Rangel matizó: «No tiene por qué importarnos si EEUU acepta o no una decisión del CNE. Venezuela es irreductible en materia de soberanía».

«Queremos las mejores relaciones con EEUU, pero reivindicamos los derechos soberanos del país», insistió.