CHICAGO. AP. Poco después del amanecer, indocumentados esposados se encolumnan en una pista del Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago para abordar un avión del gobierno que los llevará a México.

 Entre ellos está Gerardo López, un obrero de la construcción de 24 años que fue uno de los 11.200 indocumentados deportados este año a través de Chicago, donde funciona una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, según sus siglas en inglés) que coordina las labores de seis estados.

 Las deportaciones en esta región se han duplicado desde el 2004, en que hubo 6,600.  Las cifras reflejan la tendencia nacional. Entre octubre del 2007 y septiembre del 2008 fueron deportada casi 350.000 personas en todo el país, comparado con las 174.000 del mismo período hace cuatro años. 

Se espera que la tendencia se mantenga. Pero muchos se preguntan si las deportaciones, que afectan a apenas del 3% de los aproximadamente 12 millones de indocumentados que se cree hay en el país, son una forma eficiente de combatir la inmigración ilegal.  López, quien trabajó en la construcción en Chicago y en Wisconsin, no les presta demasiada atención.  “Probablemente regrese”, declaró la AP horas antes de abordar un jet 737 blanco.  Desde su creación en el 2003, el ICE ha adoptado políticas duras y reforzado la campaña contra los indocumentados. Por ejemplo, detuvo a decenas de miles de personas a través de su Programa de Operaciones de Fugitivos, que desmantela pandillas internacionales. 

La agencia tiene hoy más recursos que en el pasado. Su presupuesto fue de 5.580 millones de dólares en el último año fiscal, comparado con los 3.560 millones del 2005, según el portal del ICE.  Desde Chicago parten dos vuelos por semana con deportados. Antes había uno solo.  “Nos comprometimos ante el pueblo estadounidense a poner en marcha una ambiciosa estrategia destinada a garantizar la seguridad de nuestras fronteras y reforzar el sistema de inmigración”, expresó el jueves Julie Myers, subsecretaria de seguridad interna del ICE. 

En una entrevista previa realizada este año, Myers admitió que no estaba claro si las deportaciones son una forma efectiva de controlar el ingreso de indocumentados al país.  “Es demasiado pronto para hacer una evaluación profunda. Habrá que esperar algunos años”, señaló. 

La mayoría de los deportados en esta región son mexicanos. Más de la mitad, unos 6.800, no tienen antecedentes delictivos.  López, quien admitió haber integrado una pandilla, sí los tiene. En el 2006 fue acusado de agresión y el año pasado fue hallado culpable de robo a mano armada, lo que le impedirá lograr la ciudadanía, suponiendo que logre regularizar su situación algún día.  “Cuando alguien es deportado, le explicamos las consecuencias”, dijo Sylvia Manno, de la oficina del ICE en Chicago. “Si optan por regresar, es asunto de ellos”.  

Por falta de leyes migratorias

Las deportaciones aumentaron en parte porque no se pudo aprobar una reforma a las leyes migratorias, de acuerdo con James Ziglar, del Instituto de Políticas Migratorias .  “Si la gente quiere venir porque necesita trabajar y aquí hay trabajo, y no lo pueden hacer  porque el sistema no puede acomodar el flujo real de personas, van a venir y a correr el riesgo”, manifestó.

“El riesgo que corren es el de ser atrapados”.  Luis Armando Jiménez, de 20 años, vino ilegalmente para estar junto a su novia, quien es ciudadana estadounidense. Pensó que valía la pena correr el riesgo.  “Vine a trabajar, en busca de mejores oportunidades”, declaró.  Jiménez, quien en el 2007 fue hallado culpable de robo, trabajó también en la construcción en Chicago. Fue deportado en el mismo avión que López.