POR DAN ROBERTS
En la medida en que el universo empresarial norteamericano completa la etapa final del maratón de tres años para reformar sus normas de gobernabilidad, la atención, inevitablemente, se desplaza a la interrogante de si habrá valido la pena.

Este lunes será el disparo de arrancada para la última parte -y la más costosa- de la legislación Sarbanes-Oxley, que yace en el centro de esta respuesta a los escándalos de Enron y Worldcom.

Se produce en medio de una fuerte reacción contraria en la comunidad empresarial, en la que muchos ejecutivos advierten que otras medidas que se persiguen por la comisión de Bolsa y Valores, la Junta de Normas de Responsabilidad Financiera y el fiscal general de Nueva York, están llevando el péndulo demasiado lejos en la dirección contraria.

La pregunta es si las restricciones propuestas a su libertad compensan las mejorías deseadas en el comportamiento de la compañía que, al final , resultaría imposible medir.

Sin embargo, el capítulo concluyente de Sarbanes-Oxley está posibilitando ahora alguna valoración de sus costos, y la muy temida sección sobre la actualización y controles de administración de la documentación interna pudieran no resultar tan malos como algunos temieron inicialmente.

La temida Sección 404 en realidad es muy corta: Requiere que “la administración declare su responsabilidad para mantener controles internos adecuados sobre la información financiera y su valoración de la efectividad de esos controles al final de año fiscal más reciente de la compañía”.

La incertidumbre de cómo esto debería interpretarse, llevó a demoras en la fecha de su puesta en vigor -se desplazó del 15 de junio al 15 de noviembre-, pero la SEC está ansiosa por recordarle a la gente que esto no le da a las compañías un mandato para que establezcan sus controles.

Por el contrario, el reglamento se reduce a mejorar la transparencia. Las compañías simplemente tienen que advertirle a los inversionistas si no han realizado los cambios necesarios.

Esta regla simple todavía pudiera resultar malévolamente complicada y cara, especialmente para las grandes compañías internacionales con cientos de elementos constituyentes.

No obstante, la batalla por alcanzar este objetivo en algunas compañías estadounidenses ya está demostrando que esto sigue siendo, de corazón, una guía voluntaria, no un desastre. Cuando Xerox, una compañía plagada de problemas de contabilidad en el pasado, reveló esa situación la semana pasada, sus acciones solo disminuyeron su valor ligeramente.

Pat McConnell, una analista de Bear Stearns, dijo: “Los controles internos ineficaces sobre la información financiera no significan necesariamente que existan irregularidades contables, pero si destacan la probabilidad de que existan”.

Contrario a cierto alboroto en Europa, todavía no es un requisito para las compañías extranjeras registradas en EEUU.

Aunque las compañías europeas y del Reino Unido tienen sus propios problemas con Sarbanes-Oxley, particularmente cuando partes de esta parecieron entrar en conflicto con las guías locales, tienen más tiempo para cumplir.

Lo más importante es que también tienen una opción entre realizar el trabajo o correr el riesgo de que los inversionistas entiendan por qué ellas no pueden presentar las mismos controles internos que sus rivales de EEUU.

Hay que admitir que sigue siendo difícil juzgar el costo exacto para las compañías individuales de la puesta en marcha de los controles de la Sección 404. Incluso, el sondeo más reciente de Korn/Ferry complica detectar el costo del cumplimiento de otras cargas más amplias de la ley Sarbanes –Oxley. De todas formas, las cifras son acordes con el costo de la inflación en espiral que identificó por primera vez

Financial Executives International (FEI), un respetable grupo de negocios.

FEI estudió 224 compañías públicas en julio, con ingresos promedio de US$2,5 millardos. Como promedio, sus costos de implementación de los requisitos de controles internos fueron US$3,14 millones, más que su estimado de US$1,983 millones en enero.

 “Cuando realizamos nuestro sondeo en enero, las firmas auditoras todavía no le habían dado a sus clientes estimados completos del trabajo, porque las normas de auditoría no estaban terminadas”, dijo Colleen Sayther, jefe ejecutiva de FEI.

FEI dice que planea otro sondeo a inicios del próximo año para cuantificar el costo final, y espera algunos incrementos más modestos en sus cifras de agosto.

Hay algo seguro: hasta ahora, ninguno de estos sondeos extensivos del comportamiento de las compañías se acerca a algunas de las predicciones más histéricas de los costos que hicieron los críticos de la legislación.

Aún recientemente, los estimados que se basan en las tarifas probables de los auditores han oscilado en el rango de US$10 millardos -US$13 millardos.

Cuando la última reacción adversa de los ejecutivos empezaron en serio en mayo, el senador Paul Sarbanes y el congresista Michael Oxley defendieron su legislación señalando que hasta los costos en esta escala solo resultarían en una fracción mínima del incremento en la capitalizaciòn de mercado que muchos observadores atribuyen a la restauración de la confianza entre los inversionistas, hecha posible por estas reformas.

TRADUCCION: IVAN PEREZ CARRION