San Juan.  EFE. El Departamento de Justicia de Estados Unidos denunció ayer que la Policía de Puerto Rico sufre un elevado grado de corrupción, efectúa registros e incautaciones ilegales, discrimina a extranjeros y abusa de la fuerza. También denunció las  prácticas discriminatorias contra personas de origen dominicano.  

El fiscal general adjunto de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Thomas E. Pérez, presentó personalmente en San Juan un informe que señala incluso que la Policía puertorriqueña es responsable de numerosas muertes consecuencia de sus violentas prácticas.   “No será fácil. Las cosas no cambian de un día para otro”, dijo Pérez, de ascendencia dominicana, en un dubitativo español durante una conferencia de prensa en la que advirtió que la Constitución estadounidense debe ser respetada en Puerto Rico.

Acompañado por el gobernador de este estado libre asociado, Luis Fortuño, el fiscal resaltó que su Departamento se ha propuesto que la Policía puertorriqueña modifique sus procedimientos, ya que lleva años violando la cuarta enmienda de la Constitución estadounidense, “al recurrir al uso de fuerza excesiva y al registro e incautaciones ilegales». “El Departamento tiene problemas amplios y con raíces profundas.

Los problemas han existido por muchos años antes de la presente Administración”, aclaró Pérez, poco antes de denunciar que “la Policía usa prácticas discriminatorias contra personas de origen dominicano».  Así, apuntó que la Policía no se asegura de que todos los individuos reciben igual trato con independencia de su sexo, origen, religión u orientación sexual. Fortuño recordó, por su parte, que los problemas ayer denunciados se remontan a hace décadas y destacó su total compromiso con las autoridades federales para acabar con los problemas de violencia y corrupción en el seno de la Policía.

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Profundo deterioro

La Policía “se encuentra en profundo deterioro”, según el informe, ya que entre enero de 2005 y noviembre de 2010 hubo más de 1,700 arrestos de miembros de las fuerzas del orden locales acusados de delitos que van desde violación hasta asesinato, pasando por narcotráfico.   Apunta que las políticas  de la Policía sobre el uso de la fuerza, registros e incautaciones están obsoletas y falta organización, lo que achaca en parte a la carencia de supervisores cualificados.  El estudio asegura que el grado de corrupción y conducta criminal policíaca en Puerto Rico es elevado y contribuye a la crisis de la seguridad pública.