MEDELLÍN. El gobierno del presidente Donald Trump deportó sigilosamente a un número desconocido de venezolanos a través de un tercer país, posiblemente violando leyes estadounidenses y socavando los señalamientos de Estados Unidos sobre el historial de derechos humanos del gobierno socialista de Venezuela, según el demócrata de mayor rango en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

El senador Bob Menendez dijo el viernes que el Departamento de Estado le había confirmado a su oficina en semanas recientes que las deportaciones se efectuaron vía Trinidad y Tobago entre enero y marzo de 2020.

Se desconoce la cifra de venezolanos deportados indirectamente. Sin embargo, Menendez dijo que al parecer las deportaciones violan una restricción a los viajes que Estados Unidos decretó en mayo de 2019 durante el momento de mayor intensidad de la campaña de Washington para destituir al presidente Nicolás Maduro, la cual prohíbe todos los vuelos a Venezuela por motivos de seguridad.

Joe Biden, el candidato presidencial demócrata, arremetió el viernes contra Trump por efectuar las “deportaciones sigilosas” de venezolanos en lugar de concederles lo que se conoce como estatus de protección temporal para impedir su deportación.

“Queda suficientemente claro que él no tiene consideración del sufrimiento del pueblo venezolano”, afirmó Biden, que citó las conclusiones de Menendez.

Desde octubre del año pasado, por lo menos 180 venezolanos fueron deportados por Estados Unidos, de acuerdo con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés). La agencia no hizo un desglose, pero las expulsiones a terceros países incluyeron a venezolanos que se autodeportaron, aquellos que fueron rechazados en puntos de ingreso e individuos retirados del país en contra de su voluntad. Cifras separadas difundidas por la Universidad de Syracuse muestran que, salvo por un número reducido de venezolanos deportados, ninguno tenía condenas por algún delito.

“El ICE remite a la Casa Blanca la correspondencia del Congreso dirigida al gobierno de Trump”, dijo un portavoz del ICE en un comunicado.

En una carta dirigida al secretario de Estado, Mike Pompeo; a la secretaria de Transporte, Elaine Chao, y al secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, Menendez solicitó detalles de los vuelos de deportación y preguntó si contaban con las dispensas apropiadas.

En su carta, Menendez citó las sanciones impuestas a Copa Airlines, que en junio fue multada con 450.000 dólares por violar la prohibición de los vuelos aunque no transportó pasajeros directamente desde Estados Unidos, sino vía su centro de operaciones en Panamá.

Elliott Abrams, representante especial del Departamento de Estado para Venezuela e Irán, dijo en agosto en una comparecencia ante el Senado que Estados Unidos no estaba deportando a venezolanos debido a la inseguridad que les representa regresar a su país.

Pero para entonces, el gobierno de Maduro había suspendido todos los viajes con el fin de desacelerar la propagación del coronavirus. Maduro dijo esta semana que espera reabrir los aeropuertos del país para diciembre.

Aunque la cifra de venezolanos deportados es pequeña comparada con la de migrantes mexicanos y centroamericanos regresados a sus países, muchos han solicitado asilo o están huyendo de una crisis económica sin precedentes agravada por las sanciones estadounidenses.

Colaboradores en Estados Unidos del dirigente opositor Juan Guaidó, a quien Washington reconoce como el presidente legítimo de Venezuela, aseguraron no tener conocimiento de las deportaciones efectuadas este año y que no proporcionaron documentos de viaje que facilitaran las deportaciones forzadas.

El enviado de Guaidó en Washington, Carlos Vecchio, dijo que, por el contrario, ha trabajado con las autoridades estadounidenses para reducir el número de venezolanos encarcelados que esperan deportación, de 1.100 en septiembre a 274 en la actualidad. A muchos de los encarcelados les rechazaron sus solicitudes de asilo.