EEUU División sobre libertades civiles pone la Ley Patriótica en riesgo

EEUU División sobre libertades civiles pone la Ley Patriótica en riesgo

POR EDWARD ALDEN Y BEN BAIN
En Washington
La Ley Patriótica, presentada por la administración del presidente George W. Bush como su herramienta interna más importante para combatir el terrorismo, pudiera expirar al finalizar el año, a menos que la administración y el Senado superen un estancamiento sobre si la ley hace lo suficiente para proteger las libertades civiles en Estados Unidos.

El presidente y los opositores a la ley en el Senado se negaban ayer a ceder, mientras cada parte amenazaba con dejar morir la ley y culpar a la otra por su desaparición.

«Los senadores que están obstruyendo la Ley Patriótica tienen que comprender que la expiración de este instrumento vital pondrá en peligro a EEUU y nos dejará en una situación más débil en la lucha contra asesinos brutales», advirtió el señor Bush ayer.

Alberto González, el fiscal general, dijo: «Si se prolonga el estancamiento, cuando los estadounidenses se despierten el 1 de enero, no estarán seguros».

Pero con una mayoría en el Senado que favorece una extensión temporal de la ley para dar tiempo para solucionar las diferencias, los demócratas y algunos republicanos advertían ayer que el señor Bush y el liderazgo republicano del Senado cargarían con la responsabilidad si se permitieran que la ley caducara.

El combate destaca hasta donde se ha desgastado el consenso posterior al 11 de septiembre sobre la forma de combatir al terrorismo. La ley fue aprobada abrumadoramente en 2001, pero ahora sus opositores en el Senado dicen que la propuesta para revalidarla -que añade algunas salvaguardas a los derechos civiles- no logra darle a los individuos recursos legales adecuados contra investigaciones arbitrarias ejecutadas por agentes del gobierno.

Estos temores subrayados por la revelación la semana pasada de que el señor Bush había establecido un programa secreto para permitir que la Agencia Nacional de Seguridad monitoreara las llamadas y mensajes electrónicos (e-mails) que se hicieran desde EEUU sin ninguna autorización judicial. Los medios norteamericanos reportaron ayer que uno de los 11 jueces de la corte de EEUU que autorizó la vigilancia del gobierno en casos de inteligencia renuncio en protesta contra el programa.

La administración advirtió que si la Ley Patriótica caducase, las reglas que gobiernan la investigación de actividades potencialmente terroristas caerían en el caos. Dijo que se producirían serías limitaciones a la capacidad de los investigadores criminales para compartir su información con las agencias de inteligencia, y que se introducirían nuevas restricciones al monitoreo de los teléfonos y otras comunicaciones realizadas por sospechosos de terrorismo.

Y mientras los críticos de la Ley dicen que desean introducir cambios relativamente menores para proteger a los ciudadanos del abuso de los poderes investigativos, el señor González dijo que esos cambios impondrían «cargas adicionales a las autoridades» y volverían a los poderes «inútiles para la comunidad que hace cumplir la ley».

Sin embargo, Patrick Leahy, el demócrata principal en el comité judicial del Senado, dijo que una fuertes mayoría de esa cámara está a favor de una extensión temporal de la ley.

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