Washignton — Estados Unidos expresó el lunes su preocupación por lo que calificó como esfuerzos del gobierno venezolano para interferir con la Asamblea Nacional recién electa.

“Continuamos llamando a respetar la voluntad popular y la separación de poderes en el proceso democrático”, dijo a periodistas John Kirby, portavoz del Departamento de Estado.

Kirby rehusó comentar sobre la posibilidad de que Estados Unidos imponga medidas adicionales sobre el gobierno venezolano, tal como un prominente senador demócrata había exhortado horas antes al presidente Barack Obama.

En una carta que envió el lunes, el senador Bob Menéndez escribió que la Casa Blanca debe incrementar las sanciones, excluir al gobierno venezolano de organismos internacionales e “imponer otras penas internacionales”, que no detalló.

, teniendo en cuenta la invocación de la Carta Democrática Interamericana de ser necesario.

“Durante demasiado tiempo, la comunidad internacional ha desatendido las crecientes condiciones que podrían traer Venezuela -un estado fallido latente- a un paso de desórdenes masivos”, escribió el senador por Nueva Jersey.

“Solo el liderazgo estadounidense desatará la reacción internacional sustancial que puede revertir los profundos problemas sociales, económicos y políticos de Venezuela”.

The Associated Press solicitó un comentario a la Casa Blanca y a la embajada venezolana, sin obtenerlos de inmediato. Menéndez criticó al Departamento de Estado por no haber aprovechado al máximo una ley de su autoría —sancionada en diciembre de 2014— a través de la cual Estados Unidos ha impuesto sanciones a siete funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos.

La mayoría opositora asumirá el 5 de enero el control de la Asamblea Nacional en medio de tensiones generadas por las impugnaciones de las elecciones de diez diputados opositores, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de suspender la juramentación de tres diputados opositores y un oficialista del estado sureño de Amazonas, y las amenazas de posibles protestas callejeras por parte de grupos pro oficialistas.

La coalición opositora logró en las elecciones del 6 de diciembre 112 de los 167 escaños lo que le garantizaría una mayoría calificada que le permitirá convocar a una Asamblea Constituyente y aprobar una reforma constitucional, designar o remover a los magistrados del Tribunal Supremo, y nombrar a los rectores del Consejo Nacional Electoral, la fiscalía general, el contralor general y el defensor del pueblo.