NUEVA YORK. AP. La vida de Yvette Martínez cambió por completo el 18 de febrero, cuando un agente de policía paró el auto en el que viajaban ella y su marido, Roger Tabora Martínez, en Massachusetts.    

El inmigrante hondureño fue arrestado debido a una antigua orden de expulsión del país. Fue deportado a Honduras a mediados de mayo.   

“Necesito que me devuelvan a mi marido. No se cómo enfrentar esta situación”, dijo entre sollozos Martínez, una ciudadana estadounidense que vivía con el centroamericano en la ciudad de Springfield.   

Dos años después de que el gobierno del presidente Barack Obama dijese que daría prioridad a la deportación extranjeros que están en el país ilegalmente con antecedentes delictivos y en momentos en que el Congreso analiza un proyecto de reforma a las leyes de inmigración que resuelva la situación de unos 11 millones de inmigrantes sin papeles, Estados Unidos sigue expulsando gente al por mayor.

Incluso personas como Tabora Martínez, quien no tiene antecedentes delictivos, está casado con una estadounidense y lleva casi una década viviendo en el país.   

Al anunciarse la nueva política se dijo que la decisión de concentrarse en la deportación de personas peligrosas era una cuestión de “sentido común”. Esa política, no obstante, tiene definiciones tan amplias que no ha hecho nada por frenar las deportaciones de personas sin antecedentes y con lazos en Estados Unidos, según expertos y organismos defensores de los derechos de los inmigrantes sin papeles.   

La suspensión de las deportaciones de personas que no representan un peligro “no se pone a la práctica”, opinó Lorella Praelli, una activista del grupo United We Dream. “La retórica que oímos del presidente Obama y otros altos funcionarios es que no se expulsa a gente que es de baja prioridad y que podría beneficiarse de una reforma, pero lo que vemos en las calles cada día, es precisamente lo contrario”.