El gobierno del presidente Donald Trump anunció el lunes que continuará con una de sus medidas más agresivas hasta la fecha para restringir la inmigración legal: Negar la residencia a muchos inmigrantes que hagan uso del programa de asistencia médica Medicaid o reciban cupones de alimentos, subsidios para la vivienda u otras prestaciones sociales.

Las leyes federales estipulan que las personas que busquen una “green card» o legalizar su estatus deben demostrar que no serán “una carga» para el gobierno, pero las nuevas reglas agregan muchos más programas que serían elementos descalificatorios para los solicitantes de la residencia.

Las reglas forman parte de una reestructuración drástica del sistema de inmigración de la nación que el gobierno ha estado impulsando, pese a las medidas jurídicas en su contra. Aunque gran parte de la atención se ha enfocado en las labores del presidente Trump para reducir la inmigración ilegal, incluidas unas redadas en Mississippi en los últimos días y la separación de los niños migrantes de sus padres, las nuevas reglas tienen como objetivo a la gente que ingresó a Estados Unidos de manera legal y que busca un estatus permanente.

Trump trata de que Estados Unidos tenga un sistema basado en las aptitudes de los migrantes, en lugar de en la reunificación de familias. Bajo las nuevas reglas, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés) sopesará si los solicitantes han recibido ayuda pública junto con otros factores como la educación, salario y salud, para determinar si les otorga un estatus legal. Las reglas entrarán en vigor a mediados de octubre. No se aplicarán a los ciudadanos estadounidenses, aunque los inmigrantes que sean familiares de éstos podrían ser sujeto de ellas.

El director interino del USCIS Ken Cuccinelli dijo que el cambio de reglas garantizará que las personas que ingresan al país no se convertirán en una carga, aunque paguen impuestos. “Queremos que venga al país gente autosuficiente», sostuvo Cuccinelli. “Esa es la base del sueño americano. Algo muy arraigado en nuestra historia, particularmente en nuestra historia de inmigración legal».

Los inmigrantes representan un porcentaje muy bajo de los beneficiarios de la ayuda del Estado. De hecho, muchos no pueden solicitarla por su estatus inmigratorio irregular. Sin embargo, los grupos defensores de los derechos de inmigrantes criticaron los cambios y advirtieron que las reglas desalentarían a los inmigrantes a pedir ayuda. Y manifestaron su preocupación de que dan demasiado margen a las autoridades para decidir si alguien podría verse obligado a pedir ayuda en el futuro.

El Centro Nacional de Leyes Migratorias, con sede en Los Ángeles, señaló que presentaría una demanda y aseveró que las nuevas reglas son un intento para redefinir el sistema de inmigración legal “para privar de derechos a las comunidades de color y favorecer a las acaudaladas».

En tanto, David Skorton, presidente y director general de la Asociación de Colegios Médicos Estadounidenses, dijo que “las consecuencias de esta acción serán para posiblemente exacerbar las enfermedades y aumentar los costos de la atención médica cuando su condición se vuelva demasiado grave como para ignorarla».

“Este cambio empeorará las desigualdades y disparidades de salud existentes, ocasionará más daño a muchas poblaciones marginadas y vulnerables, y aumentará los precios del sistema de salud, lo que afectará a todos los pacientes», puntualizó en un comunicado.