Desde ayer, lunes, los inmigrantes que opten por la residencia permanente en EE.UU., busquen cambiar su estatus o aspiren a un visado estarán sujetos al escrutinio del Gobierno de Donald Trump para determinar si usa o puede llegar a requerir en el futuro de beneficios públicos para subsistir.
La denominada norma de “carga pública” empieza a aplicarse desde este lunes después de dos fallos del Tribunal Supremo que dieron marcha atrás a sendas decisiones de cortes de los estados de Nueva York, California, Washington, Illinois y Maryland que bloqueaban su entrada en vigor en octubre pasado.
La polémica reglamentación, sin embargo, tiene pendiente varias demandas en contra.
¿Quién es una carga pública? Según Catalina Sol, directora ejecutiva de la Clínica del Pueblo, la “carga pública” es una prueba que se aplica a quienes soliciten residencia permanente, también llamada “green card».
“Es una regla muy antigua, tiene más de 100 años y su objetivo es asegurarse que uno no se va a convertir en una carga para el Estado”, detalló.
¿Cuál es el principal cambio? “Ahora lo que cambia es qué se considera para determinar si uno se va a convertir en una carga”, agregó.
Principalmente, la norma aumenta la lista de beneficios públicos que las autoridades tendrán en consideración.
No obstante, la experta aclara que la norma no debe afectar a los solicitantes, ya que para optar a la mayoría de programas de beneficios públicos federales se requiere que la persona lleve cinco años como residente permanente. “Nosotros entendemos que esta es una regla nueva diseñada realmente para asustar a las personas que sí son elegibles para que se desenrolen de los programas y que no sigan participando en ellos, aunque tienen derecho a ellos”, sostuvo.
Sol explicó a Efe que anteriormente se evaluaba si “la persona había recibido principalmente asistencia financiera de parte del Estado». Esto incluía subvenciones en efectivo y si la persona había permanecido durante cierto tiempo en instituciones de salud por problemas médicos. Con la nueva norma también se considerará- – El programa de asistencia nutricional, ciertas ayudas a la vivienda, la de salud, (excepto para menores de 21 años y mujeres embarazadas).