El Gobierno de Estados Unidos sancionó este martes a cuatro entidades y un individuo ligados al Ejecutivo de Corea del Norte por estar presuntamente involucrados con ciberataques y robos multimillonarios de criptomoneda.

El Departamento del Tesoro estadounidense considera que el Gobierno norcoreano emplea a expertos en tecnología con el fin de robar dinero de personas y compañías en todo el mundo para financiar su programa de armas de destrucción masiva y de misiles, entre otros.

Las sanciones afectan a la Universidad de Automatización de Piongyang, a la que el Tesoro de EE.UU. ve como responsable de entrenar a los hackers que luego pasan a trabajar para agencias gubernamentales norcoreanas.

Dos de estas agencias, la Oficina de Reconocimiento Técnico y su unidad cibernética, el Centro de Investigación 110, también fueron sancionadas hoy. Estos sectores del Gobierno están vinculados al grupo de hackers Lazarus, acusados de robar 620 millones de dólares del popular videojuego en línea “Axie Infinity”, señaló el Tesoro.

EE.UU. también acusó al Gobierno norcoreano de emplear a decenas de trabajadores cibernéticos, que obtienen empleo de manera “fraudulenta” en empresas alrededor del mundo, para generar ingresos.

La cuarta entidad sancionada este martes, Chinyong Information Techonology Cooperation, presuntamente contrata a decenas de expertos en tecnología de Corea del Norte que operan en Laos y Rusia. Kim Sang Man, el único individuo afectado por los vetos de hoy, es visto como el encargado de pagar los salarios a los familiares de los trabajadores de Chinyong.

Corea del Norte lleva tiempo perpetrando este tipo de robos de criptomonedas, ante las duras sanciones de EE.UU. y de la comunidad internacional que afectan a la economía del país.

Los hackers empleados por el Hobierno norcoreano son responsables del robo entre 630 y 1.000 millones de dólares en 2022, de acuerdo con un informe publicado el pasado marzo por la ONU y citado hoy por el Tesoro estadounidense.

Como resultado de las sanciones, quedan bloqueados las propiedades y activos que esas personas o empresas tengan en territorio estadounidense, y se prohíbe a los estadounidenses que mantengan transacciones con ellos.