Hoy 
POR STEPHANIE KIRCHGAESSNER Y RICHARD WATERS
Los directores ejecutivos de las compañías norteamericanas de Internet y tecnología que han sido llamados hoy al Capitolio a defender las prácticas de sus empresas en China tendrán que soportar señalamientos y críticas de los legisladores de Washington.
Pero hasta los más ardientes halcones anti-chinos saben que hay pocas opciones de que el Congreso obligue a las compañías estadounidenses abandonen un país tan vital tanto para el futuro de las corporaciones norteamericanas y para los intereses de la política exterior de EEUU.
Por el contrario, los legisladores, activistas de derechos humanos y las compañías en el centro del debate sobre cómo los grupos de Internet de EEUU deberían operar en China están explorando una serie de medidas que han guiado al mundo empresarial norteamericano a través de trabajos precios con regímenes no democráticos.
La mayoría de los expertos admiten que cualquier solución tendrá que implicar el respaldo de la administración Bush, que ya ha sido instado por las compañías para que participe de manera más efectiva con Pekín sobre los temas de derechos humanos. Por su parte, algunas compañías de Internet alegan que la censura de Pekín funciona como una restricción al comercio para las compañías extranjeras que tratan de entrar en el país.
Los expertos que están estudiando los aspectos legales admiten que las soluciones que ayudaron a las compañías de EEUU a navegar en el apartheid de África del Sur o por el trabajo esclavo en Birmania no son modelos adecuados sobre los cuales basar una política para un mercado como el de China, o una industria tan compleja como el Internet.
Nart Vlleneuve, de la Universidad de Toronto, dice que EEUU debería modelar su enfoque a partir de la Ley de Practicas Extranjeras Corruptas (FCPA), que prohibe a las compañías norteamericanas que paguen sobornos en el exterior. Si se adoptara un enfoque similar, China se vería obligada a ser más transparente sobre la censura si la ley de EEUU requiriera que las compañías norteamericanas en el extranjero buscaran un aviso formal antes de acordar involucrarse con la censura, alega.
Pero un experto en Washington señala que mientras la FCPA está basada en otra ley de EEUU y es consistente con la ley escrita en todo el mundo, ese mismo patrón legal global no existe cuando se trata de la censura. Bajo la FCPA, las compañías norteamericanas tienen simplemente prohibido hacer exactamente lo que las leyes locales les impiden hacer.
El dilema ético que se le presentó a los grupos norteamericanos que buscan hacer negocios en la era del apartheid en Sudáfrica condujo a los principios Sullivan bajo los cuales las compañías participantes acordaron tratar igualmente a sus empleados negros y blancos. Sin embargo, William Reinsch, un miembro de la Comisión de Revisión de Seguridad EEUU-China, dice que mientras que el código Sullivan sitúa las compañías norteamericanas violando la ley sudafricana, con las autoridades haciéndose de la vista gorda, los controles chinos son un tanto diferentes.
Las compañías implicadas en el debate también han estado examinando una iniciativa creada por el departamento de Estado cuando Bill Clinton era el presidente de EEUU.
Las compañías de petróleo y minas, las organizaciones de derechos humanos y los gobiernos de EEUU y el Reino Unido firmaron los principios voluntarios sobre seguridad y derechos humanos que se diseñaron para guiar a los negocios sobre cómo operar en zonas de conflicto.
Bennett Freeman, el ex secretario ayudando de Estado para la democracia, derechos humanos y trabajo que fue el arquitecto de esos principios, dice que los temas que enfrentan las compañías mineras y petroleras y grupos como Yahoo son completamente diferentes, con una excepción: ambos tratan con la responsabilidad corporativa y derechos humanos.
Al final, es probable que las compañías de Internet tengan que regular sus propio comportamiento en China, mientras buscan las guías en Washington.
VERSION: IVAN PEREZ CARRION
