Efecto social de dos violencias

Los feminicidios, en insidiosos ataques múltiples, y los accidentes detránsito ensangrentando vías con mortalidad alta que resta capacidad productiva a muchas personas, sobre todo a jóvenes, representan calamidades simultáneas para la nación que obligan a especializar más recursos a la mitigación de sus efectos colectivos. La violencia de género concentra ataques sobre relaciones de parejas en edad fértil y sus trágicos balances hacen crecer la población infantil desvalida. Los programa de asistencia para amparar huérfanos, muchas veces llevados a perder a ambos progenitores, deben estar gradualmente en capacidad de atender una mayor demanda de sus asistencias llamadas a ser desplegadas con personal especializado en prestar auxilios que llenen sensibles vacíos de tutoría, velen por la escolaridad y asuman la delicada tarea de seleccionar hogares sustitutos cuando procede.

La violencia en el tránsito destroza familias con características de epidemia que obligan a enfocarla como tal por sus repercusiones sociales siendo tan limitadas las respuestas de la Seguridad Social y de organismos públicos a la incapacitación laboral y la invalidez que resultan de lesiones de diversos grados. La inconsciencia, temeridad y falta de educación en conductores sumadas a la tardanza de las autoridades en poner orden en la circulación de vehículos están por sus fueros gravitando con altos costos sobre el país.

Rehuyendo compromiso

La relación con desbalance entre el endeudamiento, que a muchos preocupa al crecer, y la pobreza de las recaudaciones ha sido puesta de relieve por el representante del Banco Mundial en el país, Alessandro Legrottaglie. La deuda es sostenible -a su parecer- y el problema estriba en la falta de un pacto fiscal que permita mayor ingreso al Estado. Debió hacer notar que la falta de solución al persistente desequilibrio entre gastos y tributos corre por cuenta del Gobierno
Rehúsa ceñirse al mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo de establecer compromiso con los contribuyentes para corregir distorsiones y evasiones y garantizar la calidad del gasto público. El sector oficial salta de un motivo a otro para siempre posponer el diálogo que bajo su dirección conduzca a un acuerdo nacional al respecto.