¿Cuál sería la diferencia entre el acto de un civil violento que al primer impulso descarga su furia de plomo sobre un indefenso sicólogo de Santiago en medio de una trivial discusión por un estacionamiento y el acto de un policía, también violento, que a la primera sospecha causa la muerte por bala de un transeúnte apresurado que salía de su casa a buscar leche para su hijo? Ambas acciones redundan en desasosiego para la ciudadanía. Se trata de comportamientos violadores del derecho a la vida, uno por la ira y la vesanía de un particular; en el segundo caso ha actuado con precipitación homicida alguien a quien la sociedad había confiado la tarea de protegerla con efectivad pero con moderación y buen juicio. A Edwin Henríquez Toribio lo ultimó, en el caso del parqueo que le pertenecía, un zafio cruel que callejeaba portando un arma que no merecía.

Al joven que buscaba leche, Pedro Miguel Valentín, le disparó por no detenerse un agente que no midió bien las consecuencias, impulsado seguramente por unos desafortunados criterios que a veces llevan a disparar para después averiguar o conducen a la eliminación física sumaria. Lo que alguien llamó en estos días “combatir el crimen desde el crimen”. Es la justicia la que debe decir quien es culpable o no. En un estado de derecho, la Polícía debe apelar, en primer término, a reducir a la obediencia sin recursos letales que solo se justifican en defensa propia.

LLEGAR HASTA LAS ENTRAÑAS

Recientemente el procurador general de la República denunció con responsabilidad la forma alarmante en que el turismo sexual extiende sus tentáculos hacia otros sitios tras copar virtualmente algunos de los más importantes y atractivos polos de atracción de visitantes, locales y extranjeros. Su pronunciamiento indicó que por esa causa estaría amenazado el desarrollo sano de esa industria declarada prioritaria por el Gobierno desde el comienzo.

Tras sus palabras, los hechos indican que el tráfico sexual debe su impresionante crecimiento a auspiciadores integrados como asociaciones de malhechores con influencia sobre niveles de decisiones y complicidades en las maquinarias que deben controlar esa actividad e imponer respeto a las leyes. Se trata pues de redes que han venido operando con notable impunidad y para neutralizarlas habría que procurar un difícil corte de raíz. ¿Hay decisión para eso?