Componente político de la crisis: impacto de la reelección. Desde hace años, a pesar de las libertades conquistadas y de la constante presión popular a favor de la democratización del sistema político, la evolución de la crisis económica y social ha estado acompañada de un proceso de corrupción y perversión institucional, de reactivación de la cultura política autoritaria y despótica, y de pérdida de legitimidad de las instituciones renovables del Estado, tuteladas por un poder permanente profundamente antidemocrático.

El avance del neoliberalismo agravó sensiblemente esa situación. Y ahora se han agregado los efectos nefastos de la reintroducción del reeleccionismo con todas sus prácticas perversas.

Si el neoliberalismo económico es empobrecimiento extremo de la población desnacionalización completa del país y despotismo social, la retoma de la práctica reeleccionista por Hipólito Mejía y el PPH equivale a un incremento acelerado del deterioro institucional y de la desconfianza colectiva.

Perspectivas del 2004. El componente político de la crisis en un período preelectoral tiene a conformar una crisis de confianza que afecta también la economía.

El presidente, convertido en candidato impopular y en administrador de la crisis ha perdido toda credibilidad en todo lo que hace y propone.

Atado al modelo neoliberal, carece de la menor posibilidad de mejorar la situación económica y social.

Casado con la reelección, promueve una incontenible perturbación en su partido y en todo el sistema político hasta crear una situación en la que las propias elecciones tienden a carecer de la menor decencia y la menor limpieza.

El empecinamiento es tal que la perspectiva en los próximos meses es el intento de imposición de una reelección traumática camino a una crisis de gobernabilidad.

En lo económico-social, las perspectivas no son menos dramáticas si continúan vigentes la política y el modelo liberal en boga.

El nuevo acuerdo con el FMI tiende a profundizar esta situación llena de calamidades para el pueblo y la nación dominicana.

El presupuesto aprobado dentro de ese marco aumentó de 82 mil millones de pesos (2003) a 21 mil millones para el año en curso (2004).

En realidad, el impacto de la crisis apunta hacia un gasto mayor del previsto en ese instrumento de política económica, dadas las reglas impuestas por el FMI.

El pago forzado de una deuda externa onerosa en el monto exigido por el Fondo Monetario Internacional compromete el presupuesto nacional no solo en los 39 mil millones de pesos dispuestos para el pago de los servicios de la deuda (intereses y amortizaciones) sino en casi 60 mil millones si se tiene en cuenta que esa suma fue calculada a una tasa de cambio de 35 por 1 y la misma se ha disparado sobre el 53 por 1. La devaluación, que tiende a agravarse en el curso de este año, encarece la deuda para quienes tienen ingresos en pesos.

El subsidio eléctrico es de 3 mil millones mensuales, lo que representa 36 mil millones al año. Y esa suma no aparece precisamente consignada, lo que hace sospechar decisiones a favor de la eliminación de ese subsidio.

La deuda a las empresas eléctricas privatizadas asciende ya a los 20 mil millones de pesos (400 millones de dólares), y en el capítulo de la transferencia al sector privado de un total de 8,000 millones se le asignan 5,000 millones al sector energético.

Sólo estas «obligaciones» suman 116 mil millones de pesos, casi la totalidad del presupuesto del 2004.

Aquí no se incluye el pago de los intereses a los certificados de depósitos del Banco Central, que en un año suman 24 mil millones de pesos. Y en ese orden, el FMI exigió que esos intereses se pagaran desde los fondos del presupuesto, aunque obviamente no es ley pagarlo en su totalidad en el espacio de un año.

Estos gastos tampoco incluyen el pago del personal del Estado (empleados, trabajadores, civiles y militares) que asciende a 30,300 millones de pesos, ni el capítulo de los gastos de funcionamiento del aparato estatal (compra de bienes y servicios) que asciende a 11,600 millones de pesos. E igual pasa con las transferencias a los ayuntamientos y a las empresas y entidades autónomas del Estado, que totalizan 11,300 millones de pesos.

en el capítulo de gastos de capital (inversiones en infraestructura, proyectos sociales…) sólo aparece la ridícula suma de 6,500 millones de pesos (5% del presupuesto aprobado), la más baja de la historia. Y esa partida no está incluida en la anterior relación de gastos.

Esto quiere decir que a los 116 mil millones de pesos ya sumados, monto éste que a lo sumo podría disminuir en unos 5 mil millones (si es que parte de la deuda con las empresas de electricidad está consignada en el capítulo de las transferencias al sector energético ya mencionado) hay que agregar otros 59,700 millones de pesos no contemplados, más lo relativo al pago de los intereses de los certificados de depósitos del Banco Central (24,000 millones), para un total de 83,700 millones de pesos no contemplados en el presupuesto aprobado.