En el ámbito del Derecho Administrativo, la eficacia de los actos administrativos es un tema central que determina el momento en que estos actos generan efectos jurídicos vinculantes. La Ley 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, establece claramente en su artículo 12 que «los actos administrativos que otorguen beneficios a las personas se entienden eficaces a partir de la fecha de su emisión». No obstante, cuando dichos actos afectan desfavorablemente a terceros, la ley impone requisitos adicionales de notificación que deben cumplirse para que estos actos sean considerados válidos y eficaces.

Requisitos de notificación para la eficacia de actos desfavorables

El artículo 12 de la Ley 107-13 establece que, para que un acto administrativo que afecte desfavorablemente a terceros sea eficaz, es imprescindible la notificación a los interesados del texto íntegro de la resolución, así como la indicación de las vías y plazos para recurrirla. La jurisprudencia de la Sala Tercera de la Suprema Corte de Justicia refuerza este criterio, indicando que la Administración debe acreditar el intento diligente de notificación en el lugar indicado por el interesado antes de dar por cumplido este trámite.

Esto significa que la eficacia de un acto administrativo desfavorable está supeditada al cumplimiento de estos requisitos de notificación. Si no se proporciona la información completa sobre los medios y plazos para recurrir, la notificación se considerará inválida para efectos del cómputo de los plazos administrativos o judiciales correspondientes. Es decir, no se puede iniciar el conteo de los plazos legales hasta que el afectado haya sido debidamente notificado.

Jurisprudencia relevante: Sentencia SCJ-TS-22-1166

La sentencia SCJ-TS-22-1166 de la Sala Tercera de la Suprema Corte de Justicia establece que cuando se trata de actos administrativos desfavorables cuyos afectados son plenamente identificables, estos deben ser notificados con el texto íntegro del acto en cuestión. Además, la notificación debe señalar claramente las vías y plazos para recurrirlo. Esta sentencia aclara que la notificación de un acto desfavorable sin la indicación de dichas vías y plazos no será válida para el cómputo de los plazos, a menos que se haya subsanado esta irregularidad posteriormente.

En términos prácticos, esto implica que la Administración debe actuar con diligencia para asegurar que todos los elementos necesarios para la notificación efectiva estén presentes. La falta de alguno de estos elementos puede dar lugar a la nulidad de la notificación y, por ende, a la ineficacia temporal del acto administrativo en cuestión.

Consecuencias de la falta de notificación adecuada

La falta de una notificación adecuada tiene repercusiones significativas tanto para la Administración como para los particulares afectados. Para la Administración, no cumplir con los requisitos de notificación puede implicar retrasos en la ejecución de sus decisiones y, potencialmente, recursos legales que pueden prolongar los procedimientos administrativos. Para los particulares, una notificación incompleta o defectuosa puede resultar en la indefensión, al no tener claro cómo o cuándo pueden recurrir un acto que consideran lesivo a sus derechos.

Es por esto que la ley y la jurisprudencia dominicana han puesto un énfasis especial en asegurar que los actos administrativos desfavorables sean notificados de manera que se garantice el derecho de defensa de los administrados. La notificación no es simplemente un requisito formal, sino una garantía procesal esencial para el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública.

El Rol de la Buena Fe y la Diligencia Administrativa

La jurisprudencia también subraya el papel de la buena fe y la diligencia por parte de la Administración al momento de realizar las notificaciones. La Administración debe demostrar que ha realizado un intento diligente y de buena fe para notificar al interesado en el lugar indicado por él, como lo exige el artículo 12 de la Ley 107-13. Este enfoque es coherente con los principios generales del Derecho Administrativo que buscan un equilibrio justo entre el poder de la Administración y los derechos de los ciudadanos.

En conclusión, la eficacia de los actos administrativos en la República Dominicana depende en gran medida del cumplimiento de los requisitos legales de notificación, especialmente cuando estos actos afectan desfavorablemente a terceros. La Ley 107-13 y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia han establecido normas claras que buscan proteger los derechos de los administrados, asegurando que se les brinde la información necesaria para ejercer su derecho de defensa. La notificación, por tanto, no solo es un requisito formal, sino una herramienta clave para la transparencia y la justicia en el ejercicio del poder administrativo.