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La fórmula es harto conocida y ha aparecido cíclicamente sin merecer mucha atención en el debate sobre daños que al Estado causan los exiguos recaudos que lo han convertido en adicto a endeudamientos externos y a extracciones desmesuradas de recursos al régimen de pensiones, lo que al decir de gurús de las finanzas redundaría en una eventual incapacidad de pagar lo que se debe y que cuando ocurre en extremo deriva en desplomes de solvencia difíciles de superar.
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Para la receta alternativa se necesitaría una firme decisión de administrar una medicina contra evasiones y exenciones injustificables que caería frontalmente sobre extendidos estratos de remisos de medianos y elevados niveles de ingresos a los que se teme demasiado y se les cree capaces de erosionar el respaldo ciudadano a la actual gestión de gobierno. La supuesta impopularidad a la que se tiene un temor que excede lo razonable y que también parece estar detrás del deterioro de las cobranzas por consumo de electricidad -sin antecedentes en anteriores manejo de la cosa pública- y en la forma en que se ha permitido a los motociclistas ser los dueños de las vías de tránsito por no encarrilarlos en el respeto a la ley. Hordas con licencia para agredir la convivencia en espacios públicos. Los haberes de los que no tributan -que no incluye a ningún pobre porque jamás se salvan de los cobradores de impuestos- han crecido seguramente en los últimos años en RD$385,000 millones por estar liberados de honrar al fisco. Con otros RD$240,000 millones se han quedado evasores que así incurren en una práctica ya tipificada como delictiva. Estas cifras en conjunto que ahora escapan al fisco, lo tienen por ello reducido en su capacidad para cubrir necesidades, impulsar el desarrollo físico y humano, combatir la marginación y prodigar otros beneficios de orden social que resultan una deuda con la población que debe dejar de ser incobrable. Por esos conceptos entrarían a las arcas estatales más del doble de lo que se aspiraría a recibir con la reforma fiscal en proyecto.
