JOSÉ LUÍS ALEMÁN S.J.
Tal vez por primera vez en varias décadas quepa  destacar una mejora sustancial de nuestro sistema impositivo: autonomía de Aduanas y de Rentas Internas, menores y más rápidos trámites  de internamiento aduanero, eliminación de facturas consulares y de sellos fiscales, comprobantes fiscales, pago de impuestos por gobierno electrónico, uso obligatorio de los mismos documentos financieros para el Fisco y la Banca…

Impresionantes resultan los aumentos de ingresos impositivos sin negar que la venta de empresas extranjeras y los altos precios del ferroníquel hablan de otros factores muy indirectamente controlables por las Oficinas Recaudadoras.

Nadie puede afirmar, sin embargo, que “todo está hecho” para el buen funcionamiento del sector recaudador dominicano. En realidad falta lo más importante aunque la solución no la puedan ofrecer legalmente Aduanas ni Rentas Internas que sí las señalan.

  Entre las fallas existentes confesadas y criticadas por el biónico dúo Miguel Coco-Juan Hernández figuran el tratamiento confidencial de los grandes prevaricadores en Aduanas, ITBIs e Impuestos sobre la Renta, la no criminalización de los fraudes impositivos, la conducta muy tolerante (cambio de funciones u oficinas, despidos pero  no traspasos a la justicia penal y administrativa   ¿o es que no existe?  de funcionarios y empleados sospechosos o convictos  de operaciones dudosas o corruptas), los bajos salarios y condiciones de empleo de personas que trabajan con “casi dinero” y la aparentemente nula efectividad de la Cámara de Cuentas en materia de Declaración de Bienes y Contratos Públicos.

Los grandes avances se han dado en las mejoras administrativas y de  control sin tocar muy a fondo las raíces de las limitantes del sistema recaudador dominicano. La pregunta obvia es ¿Buenos administradores pero malos gobernantes? Trataré de explorar el tema, distinguiendo como debo las personas de los administradores y de los Gobernantes.

1. Comprender lo incomprensible: El no castigo.

     Mis inquietudes se mueven en un triple frente: debilidad de Gobernantes, poder de las élites del país, tolerancia de la población.

a)  La debilidad de los Gobernantes frente a los grandes Contribuyentes, usemos el vocabulario impositivo, suele atribuirse a la necesidad de los políticos de asegurar el financiamiento de campañas políticas  largas y costosas que tienen que alcanzar el mantenimiento de las bases locales y regionales de los partidos. Algo tendrán que cederles después.

     Por su parte las  élites tienen, como la mayoría de los seres humanos, sus filias y fobias políticas e ideológicas y no piensan ni se comportan sólo como inversores que buscan poner su dinero en el nido que mejores perspectivas ofrezca aunque la dimensión financiera  tampoco esté  ausente de sus decisiones. Para su bien económico les conviene contar con ventajas relativas del Gobierno en contratos de toda índole e incluso apoyo para salir con bien de lites fiscales y judiciales.

b)  El influjo de las élites sobre los gobernantes y el respeto por estos de aquellos depende entre otras cosas del grado de pobreza y de la concentración de riqueza de un país.  Si la concentración de riqueza y la pobreza son  grandes ganarse el Gobierno la simpatía de las élites  supone para los políticos mayor apoyo financiero y mayor descarga de sus obligaciones sociales con la mayoría pobre. Algo siempre harán los ricos por los pobres.

      En esas circunstancias la mayor parte de la población, pobre como está, tiene que condescender con las travesuras de los Gobernantes y las insolencias de los acomodados para poder sacar de ambos algo menos que el pan de cada día pero más que nada.

c)  Las reglas de la moral burguesa -principios iguales para todos y meritocracia sobre amistad y familia- figuran en las antípodas del universo moral   de los pobres. Ayudar a los amigos y familiares aunque sea a costa de los ricos y sobre todo del Gobierno, dueño arbitrario de los recursos y posibilidades,  será calificado de habilidad no de  injusticia al menos si aprovecha a uno. La pequeña corrupción de empleados públicos y buscones, el no pago de la energía eléctrica, el robo de alambres y tapas de alcantarillado ejemplifican la fuerza y amplitud de la cultura de la tolerancia.

      Inesperada es la tolerancia en pro de ingenieros y hasta empresas que alteran relojes, aportan el equipo para desmantelar lámparas y alambres  situados en columnas de siete y más metros de altura, funden tapas y hasta espadas y exportan tan preciadas materias primas. No es la pobreza la que mueve a estos profesionales sino el consumismo y la denegación de legitimidad a la propiedad pública y empresarial. ¿Complicidad gobernantes-ricos?

d) Tal vez más importante aún que la etiología propuesta son la falta de institucionalidad privada y  pública del país y la consiguiente inseguridad que amenaza al ciudadano que intenta cumplir. Quien intenta llevar a la justicia a un transgresor fiscal corre el peligro normal de hacerlo y de poner en juego su futuro cuando cambie el gobierno.

     Unas pocas palabras aclaratorias: institucionalidad significa violar en la práctica las leyes y las normas legales, judiciales, bancarias  y fiscales de procedimiento al amparo de la falta de consecuencias serias por esos traspasos, baja probabilidad de consecuencias adversas, mientras que inseguridad equivale a alta  probabilidad de ser sacado del servicio público por querer mejorarlo.

e) Consecuencia: en un mundo tan lleno de inconsecuencias entre normas, necesidades e intereses resulta fácil justificar cualquier barbaridad fiscal: la política es así, la política tiene que ser pragmática: sumar y no restar, quien roba a ladrón merece cien años de perdón, contra la meritocracia del servicio público prevalece la partidocracia, los anteriores fueron peores, el nuevo trae más hambre, lo importante es la reelección, etc, etc.

Comprendo la incomprensibilidad de ser tan delicado con el mal pero gran contribuyente que ni siquiera se diga por razones de “confidencialidad” quién es. Parece que ya es bastante con ser  eficiente. No nos convirtamos en fiscales.

2. Malas consecuencias de la eficiencia impositiva contra la competitividad.

La eficiencia impositiva se ha apuntado un éxito importante: el incremento masivo de los ingresos estatales aunque no es responsable  de su  buen o mal  uso. Pero ese éxito afecta, sin culpa alguna suya, a la competitividad de buena parte de nuestras empresas.

En estos tiempos de creciente competencia internacional el aumento y hasta el simple pago de impuestos fijados pero  no pagados o “negociados” de años anteriores, unido al aumento del salario mínimo legal y ahora a la cotización del Seguro Familiar de Salud, por una parte, y  los costos de la  mala calidad de los servicios públicos, del transporte y de seguridad, por otra parte, cuestionan la supervivencia misma de bastantes empresas y fomentan, con o sin TLC, el alza de precios.

a) En ciencias sociales la generalización es aceptable cuando indica tendencias de cierta monta. La desviación  standard añadida a la media o a la pendiente hace el milagro inductivo.

La práctica tan antigua como la República de subvaluar el valor de las importaciones y de las ganancias constituye entre nosotros, como en casi todos los países en su etapa de acumulación originaria tan importante para Karl Marx, una realidad confesada, disculpada y hasta alabada en nombre del desarrollo industrial nacional. Muchas de nuestras empresas grandes, medianas y pequeñas han navegado con el viento en popa y a toda vela de la permisividad fiscal o al menos de acuerdos favorables de pago.

Por supuesto las almas puras de cumplidores fiscales no podían competir con las menos limpias de evasores tolerados o no.  O se acogían a prácticas generalmente aceptadas hasta por auditores que daban fe pública de que los resultados  reflejaban la inobservancia de leyes impositivas, o vendían sus empresas y se iban con la música del “psicorrígido” a otra parte.

Así creció buena parte de la economía dominicana.

Ahora, casi de repente, han cambiado las reglas y hay que pagar lo que siempre debió haberse pagado. Añádase que las malas prácticas bancarias del 2003 obligaron duras limitaciones del préstamo bancario a vinculados  e impusieron igualdad de documentos para bancos y autoridades fiscales. Quiebras y despidos están a la orden del día. La eficiencia impositiva corroyó las bases de una competitividad artificial.

b) Las mismas causas provocan el recurso a precios más altos como tabla de salvación empresarial. Estas alzas de precio, a diferencia del no pago habitual de impuestos en el pasado sí son justificadas aunque se refieran al pan y a los seguros full de carros y parezcan a consumidores  y Gobierno como personificación de la cicatería.

Preguntas: ¿ha subido el precio de la harina importada? ¿ha subido el del gas? ¿son mayores las indemnizaciones por accidentes de tránsito? ¿han sustituido el alza de  impuestos al consumo y el ITBI la pérdida de tasas aduaneras que hacía prever un descenso de los precios? ¿ ha disminuido la Unión Europea el subsidio a la leche dejando que los mayores costos  de producción disparen su precio?

  La culpa del alza sostenida de precios (un solo dígito) y de salarios (¿cuál de ellos?) la comparten India y China al aumentar su demanda en casi todos los mercados reales (otra cosa son los financieros), y políticas fiscalistas nacionales antiproductivas  cuando mayor es la competencia.

  Aunque la culpa esté más en los gobernantes que diseñan leyes fiscales y en congresistas que las aprueban tengo que reconocer que la eficiencia impositiva contribuyó a la pérdida de competitividad y de bienestar económico de la población.

3. Necesidad de una Contrarreforma fiscal

Sin alusiones a reformas y contrarreformas religiosas algunas acepto que una situación fiscal peligrosa desata dos tipos diferentes de reacción: una que sin cambiar leyes lima mediante acuerdos  pecuniarios las aristas de una fiscalidad legal excesiva, otra que  intenta modificarla por recurso legal. Acuerdos de aposento y contrarreformas legales.

a) Triste sería que triunfasen acuerdos más o menos distintos según riqueza de contribuyentes y riesgo de cierre de empresas o de aumento de despidos. Ningún Gobierno insistirá probablemente en el todo o nada. Siempre se paga el acuerdo, sin embargo, con el desconocimiento de la ley, de los procedimientos y de la igualdad fiscal sustancial de los contribuyentes. La desinstitucionalización, falta de normas, hará retroceder la disciplina fiscal, imperfecta aún, varias décadas.

      Existen ventajas pragmáticas en este imperfecto tratamiento: consideración privilegiada al más rico, al más mañoso o al mejor dotado de facilidades institucionales -capital social-  y mejores relaciones con legisladores y burócratas de importancia para lograr delicados y evasivos acuerdos.

      El ejemplar esfuerzo de Juan Hernández y Miguel Coco sería en vano. La República volvería a reconvertirse en un mercado de pulgas.

b) La gravedad de la situación económica creada por las tres últimas Reformas impositivas reclama una contrarreforma fiscal que desgrave la producción, alivie la pobreza familiar e imponga mayor austeridad a los gobernantes y prioridades más cónsonas con la realidad.  

     Candidatos  fuertes a desgravación impositiva son los hidrocarburos cuyo costo encarece todos los procesos productivos y de transporte y la tasa general de ITBIS. La elasticidad de su demanda debe ser mayor que uno lo que disminuye la caída de ingresos fiscales pero aumenta la de dólares en momentos de  significativos déficits comerciales. Se impone por lo tanto una mayor austeridad del Estado en la concesión de exoneraciones y más competitivas subastas y licitaciones de obras y contratas.

     La Contrarreforma deberá incluir una escala de sueldos públicos y topes de ingresos por participación  en directorios y bien fijadas limitaciones a la creación de  vicesecretarías, consulados, asesorías y cargos similares  no previstos por la ley tal como prometió el Presidente al inicio del actual período de Gobierno. Teóricamente debe existir una carrera civil con pensiones automáticas aunque con obligación de pago de cuotas para los pensionados menores de 65 años.

Aunque la actual Constitución da al Presidente poderes omnímodos para nombramientos y despidos en la administración pública  no lo obliga a ejercer esos privilegios estrambóticos remanentes de un pasado poco honroso. El Presidente es gestor promotor de grandes políticas y proyectos pero no su administrador. Los Secretarios o Directores Generales son los administradores de los proyectos nacionales y en cuanto tal debieran ser responsables civiles y penales de su ejecución.

     Imprescindible para cualquier rebaja de tasas impositivas seguirá siendo un control todavía mayor de la evasión fiscal. El sentido de disciplina alcanzado en las oficinas recaudadoras parece un logro innegociable en todo gobierno serio, social y eficaz. Igualmente importante es la conservación de un sistema progresivo aunque moderado de impuestos sobre la renta.

4. Conclusión

Ninguna Reforma Fiscal eficaz puede consistir en solamente ordenanzas y leyes. Sin transparencia pública, sin monitoreo coactivo y sin claras penalizaciones nuestras defectos seculares continuarán imponiéndose.

Si las Instituciones fiscales son buenas el peso moral de su incumplimiento recae en primerísimo lugar sobre quienes detentan la autoridad pública. Si el Presidente la tiene, él es el principal responsable de la administración pública. Si no la tiene ¿quién la tendrá?

Las limitaciones impositivas indicadas y las referentes a topes a cierto tipo de gasto público no bastarán para devolver al Gobierno la imagen de buen proveedor de servicios públicos de calidad: salud, ambiente, educación, transporte, agua, luz… Sin ellos la competitividad y el nivel de bienestar familiar seguirán siendo pobres. Sin impuestos no hay forma de cumplir con los objetivos mínimos de un Estado. Pero sin una sabia y balanceada  distribución del gasto público la imagen de Estado derrochador, y su realidad,  queda asegurada.