WASHINGTON (AFP).- La eventual ejecución de Saddam Hussein tras un juicio cuyas condiciones aún no han sido definidas podría provocar nuevas tensiones entre Estados Unidos y una comunidad internacional generalmente opuesta a la pena de muerte.

El presidente George W. Bush, abiertamente favorable a la pena capital, se mostró hasta ahora evasivo respecto a su aplicación al ex dictador iraquí por crímenes de guerra y violación de los derechos humanos a gran escala.

«Tengo mis opiniones personales sobre el modo en que debe ser tratado (Saddam Hussein), pero no soy un ciudadano iraquí. Son los iraquíes los que deben decidir», se limitó a afirmar Bush este lunes.

Mas tarde, la cadena de televisión ABC difundió en su sitio internet extractos de una entrevista que pasará esta noche a las 20H00 localess (01H00 GMT del miércoles), en la que Bush estima que Saddam Hussein se expondrá a la «pena capital» durante su juicio.

«Tengo mis opiniones personales la manera en que (Saddam Hussein) debe ser tratado, pero no soy un ciudadano iraquí. Son los iraquíes los que deberán decidir», dijo Bush al declarar la periodista estrella de ABC Diane Sawyer durante la entrevista, según el sitio.

La cautela de Bush parece muy significativa porque proviene de un partidario irreductible de la pena de muerte. Bush fue gobernador de un Estado, Texas, que hasta el presente detenta el récord de ejecuciones.

«Bush es consciente de que semejante toma de posición es susceptible de crear tensiones» en el escenario internacional, explicó a la AFP el jurista Emilio Vianno.

Es por eso, agregó, que «prefiere dejar en manos de los iraquíes la responsabilidad del proceso, ya que existe la certeza de que los iraquíes no dudarán en ejecutarlo».

«Los iraquíes deben estar involucrados, es necesario que haya un proceso público y tengo confianza en que eso se hará de una manera justa», declaró, por su lado, Bush.

El desacuerdo entre Washington y numerosos países sobre la pena de muerte se manifestó recientemente en torno a la redacción del nuevo Código Penal promulgado por Irak a mediados de mayo, y que reemplazó al antiguo, que databa de 1969.

«Estados Unidos aceptó que la pena de muerte sea retirada del nuevo Código Penal iraquí a pedido de los otros países de la coalición, Gran Bretaña en particular», explica a la AFP Stephen Orlofsky, un juez federal que realizó recientemente una misión en Irak a pedido del departamento de Justicia.

Pero al término de este compromiso, agrega el magistrado, el castigo supremo sigue siendo aplicable a los crímenes cometidos antes de mediados de mayo.

«Saddam cae, pues, bajo la legislación iraquí tal como existía en el momento en el que se cometieron los crímenes», destacó el magistrado, que estima que el ex presidente iraquí podría ser juzgado en Bagdad por el tribunal penal encargado de juzgar los crímenes de guerra del régimen derrocado, cuya creación fue anunciada el 10 de diciembre por el Consejo de Gobierno interino.

Además, sostiene el jurista Emilio Vianno, la administración se esfuerza en evitar un proceso internacional, «en el que es grande el riesgo de que comparezcan personas que puedan referirse a una pasada colaboración entre Saddam y Washington» en los años 80.

Las relaciones entre Estados Unidos y el régimen de Saddam Hussein no siempre fueron hostiles, en una época en la que Washington consideraba al dictador como «un mal menor» frente al Irán islamista.

El actual secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, debió incluso desmentir en marzo último que una visita suya a Bagdad en diciembre de 1983, a pedido del entonces presidente Ronald Reagan, estuviera destinada a fortalecer el arsenal iraquí.

La oposición de principio de la administración Bush a las instancias judiciales internacionales, incluida la Corte Penal Internacional (CPI), creada en 2002, también se explica por la voluntad estadounidense de que Saddam Hussein sea ejecutado. Los tribunales internacionales no tienen autoridad para condenar a nadie a la pena de muerte.

Ya se han escuchado voces en el mundo contra una ejecución del ex dictador iraquí.

Gran Bretaña, a pesar de ser un aliado de Estados Unidos, ya hizo saber que se oponía a ella. El secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, expresó idéntico punto de vista.