El auge de la delincuencia no debe llevarnos a ver como buenos y válidos, métodos policiales violadores de la Constitución y de un Estado de derechos que ha costado tantos sacrificios al pueblo dominicano. Si la Policía Nacional se convierte en juez y verdugo de los delincuentes, el sistema judicial está demás.

Lo peligroso de esto es que, si como en muchas ocasiones la Policía se equivoca y ultima a cualquier inocente, no hay excusas que devuelvan la vida a la víctima. Por eso, es preferible un delincuente suelto a un inocente ejecutado en los desacreditados “intercambios de disparos”.

Estamos conscientes de que el último menor ultimado por la Policía, no era un angelito, ni pertenecía a Los Niños Cantores de Viena, pero es ilegal e inadmisible que el cuerpo del orden se arrogue el derecho a decidir quién vive o muere.

El amplio debate sobre el tema surge a raíz de la muerte violenta de los dos jóvenes señalados por la institución como responsables del asesinato de la teniente de la AMET, Mercedes Torres Báez, crimen cobarde que suscitó rechazo e indignación en la ciudadanía.

Pero la Policía nunca presentó evidencias que comprometieran a los ultimados en el hecho y, aun así, salió a matarlos, al parecer para enviar el mensaje a los delincuentes de que quien agreda a un miembro de la institución, está irremediablemente condenado a muerte.

Muchos aplaudieron la acción sin detenerse a pensar que si esa práctica se generaliza, un día cualquiera , puede por confusión, alcanzarlo a ellos, o a cualquiera de sus hijos, o utilizarse, como en antaño, por motivaciones, políticas, personales y hasta… delincuenciales.