Las instituciones autorizadas para realizar los procesos de compras tendrán que rendir un informe a la Contraloría

El Poder Ejecutivo declaró decretó ayer de emergencia nacional las compras y contrataciones de bienes, servicios y obras para las labores de ayuda humanitaria, rescate, construcción y reconstrucción en la zona afectada por la explosión en una fábrica de plásticos en San Cristóbal el pasado lunes la cual tendrá una vigencia de 30 días.

La medida está en el decreto 375-23 el cual establece que el objetivo es agilizar el proceso de rescate, ayuda humanitaria y la reconstrucción de la zona afectada por la explosión.

Entre las instituciones instruidas están el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, el Programa de Medicamentos Esenciales y la Defensa Civil, la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia.

También los ministerios de Obras Públicas, de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), el Plan de Asistencia Social de la Presidencia, los Comedores Económicos, Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Empresa de Transmisión Eléctrica (Eted), la Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur).

“Estas instituciones deberán rendir un informe detallado sobre las compras y contrataciones realizadas, a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas, además de difundirlo a través del Portal de la institución, así como en el Portal Transaccional”, establece.

El decreto presidencial establece que los procedimientos de contratación por excepción deberán realizarse de acuerdo con las disposiciones de la Constitución de la República y la normativa vigente en la materia de contrataciones públicas para salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos.