POR LOYDA PEÑA Y ALTAGRACIA ORTIZ GOMEZ
El presidente Leonel Fernández devolvió ayer al Congreso Nacional el proyecto de ley que crea un nuevo Código Penal, para que sea revisado, discutido y se le corrijan las «incongruencias» que contiene. La decisión produjo, de inmediato, alegría entre los médicos. Esta decisión desactivó un llamado a protesta hecho por el Colegio Médico Dominicano y la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, organizaciones que rechazan aspectos del mismo.

En una comunicación dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Julio Cesar Valentín, el Presidente llama la atención sobre los aspectos que estima deber ser corregidos, y sugiere la adopción de fórmulas para armonizar con el sector médico.

Entre las incongruencias del nuevo código, Fernández señala que en el mismo se incluyen principios como el de la  presunción de inocencia, el «non bis in idem» y el de la igualdad, que son más propios del Código Procesal Penal y que deben mantenerse en la legislación procesal.

Agrega que, además, el aumento en la escala de la pena máxima imponible a los delitos, establecida en el Código Penal, trabaría, hasta hacerlo ineficaz, el sistema de soluciones alternativas organizado en la legislación procesal el cual, según resaltó, se le reconoce el mérito de procurar la solución del conflicto sin sobrecargar, innecesariamente, al sistema de justicia penal.

Asimismo, señala que el nuevo código obvia los denominados Crímenes de Guerra que se prevén  en el Tratado de Roma y en los Convenios de Ginebra, de los cuales República Dominicana es signataria,  y también «abandona» o «desnaturaliza» normativas dirigidas a prevenir y sancionar  la violencia doméstica y de género, establecidas en la Ley 24-97 del 27 de enero de 1997.

Sobre los textos que comprometen la responsabilidad penal de los médicos y profesionales afines, el presidente Fernández le sugiere a los legisladores procurar fórmulas que «sin constituir privilegios» armonicen el interés de protección social y el respeto a la dignidad de dichos profesionales.

Sugiere también la inclusión en el Código Penal «de medidas que repriman más eficazmente la explotación sexual comercial», como medida complementaria de las Ley 136-03 sobre protección de niños, niñas y adolescentes. Esa medidas deberán estar encaminadas a precisar la intermediación de la explotación sexual, las relaciones sexuales remuneradas, el llamado turismo sexual de niños, niñas y adolescentes, así como la pornografía y el espectáculo sexual en perjuicio de los mismos.

«La observación que formulo aspira a una rediscusión del proyecto de Código Penal, sin perjuicio de los aspectos que de modo más fundamental he expuesto, de modo que las ponderaciones y señalamientos de diversos organismos y sectores de la sociedad dominicana sean objeto de la atención de los señores legisladores y de una clara decisión sobre los mismos, procurando que la reforma se sustente en niveles de consenso que la hagan funcional y efectiva», expresa la carta del presidente Fernández.

El Código Penal fue sancionado por la Cámara de Diputados la medianoche del pasado 26 de julio, conjuntamente con el convenio para la construcción de la isla artificial y el contrato de RD$132.5 millones para la tecnificación de la Policía Nacional, todos los cuales fueron observados y devueltos al Congreso por el Mandatario.

MEDICOS Y CLINICAS

Tras conocer la decisión del presidente Fernández, de devolver al Congreso el proyecto de Código Penal, el Colegio Médico Dominicano (CMD) y la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales (ANCLIP) dejaron sin efecto el llamado a protesta que habían hecho para oponerse a aspectos relacionados con la práctica del abordo y la responsabilidad penal de médicos y paramédicos.

Enriquillo Matos, presidente del CMD y Rafael Mena Castro, presidente del ANCLIP, valoraron como inteligente la medida de no promulgar una ley que afectaría el ejercicio de la medicina.

El CMD y ANDECLIP habían amenazado con realizar asambleas para concluir con una jornada de protesta contra el proyecto.

Desde que fue aprobada la modificación al Código Penal en julio, los médicos protestaron, tras señalar que la reforma era ambigua y dejaba a los profesionales de la medicina con las manos atadas.