POR PEDRO GERMOSEN
Los problemas entre la Junta Central Electoral (JCE) y el Consorcio Soluciones Modernas (SOMO) se generó con la denuncia del ex secretario del tribunal comicial, doctor Antonio Lockward Artiles, en el sentido de que la firma privada habría intentado cobrar, de forma irregular, una factura del contrato entre las partes..

También, con la denuncia del señor Diógenes Hernández, hermano de un juez electoral, quien afirmó que SOMO sobrevaluó equipos obsoletos que entregó a la JCE como parte de las disposiciones del contrato, dijo ayer el representante de la firma privada, ingeniero Daniel Boden.

Bodden negó ambas denuncias, las cuales consideró infamias, pero que, agregó, fueron sobredimensionadas por un medio de comunicación.

Las denuncias, expresó, provocaron que la JCE prácticamente rompiera las relaciones con SOMO.

Manifestó que Lockwar Artiles, que calificó de irresponsable, no pudo demostrar nada ante el Departamento de Prevención de la Corrupción (DEPRECO),

Se quejó de que el DEPRECO no citara a SOMO para ventilar el caso y recordó que esa firma solicitó al procurador general de la República que recibiera a los representantes de la compañía para ampliar las investigaciones.

Tras señalar que SOMO facturaba por cubicación de los trabajos, como se pactó con la JCE, Lockwar Artiles remitió a la empresa una comunicación donde daba cuenta de que se pagaría la factura número 13, pero aún faltaban por cubrir las número 10, 11 y 12.

Luego, dijo Bodden, Lockward admitió el error en el DEPRECO, porque nunca hubo intento de cobro irregular..

Dijo que así, un error de Lockwar se convirtió en una denuncia que perjudicó las relaciones entre la JCE y SOMO.

Respecto a la denuncia del señor ´Hernández, Bodden dijo que lo pactado con la JCE fue en base a un proyecto llave en mano, por lo que SOMO no estaba obligado a suministrar equipos de ninguna marca determinada, sino que realizaban el trabajo con calidad.

Consideró inexplicable que tales denuncias no se hicieran contra Datocentro, firma que, afirmó, se llevó US$16 millones de la JCE y no entregó nada.

Manifestó que Hernández hizo la denuncia infundada porque SOMO se opuso a que la JCE adquiriera equipos para integrar las huellas digitales al sistema a un costo sobrevaluado.

Mientras esos equipos, dijo el ingeniero Bodden, identificaban las huellas en 24 horas, los recomendados por SOMO, mediante un cotrato de menor costo, lo hacían entre dos y cinco segundos.