JOSÉ B. GAUTIER
Como ciudadano viviendo en un Estado de derecho de una nación soberana, libre e independiente con un gobierno civil, republicano, democrático y representativo, creemos firmemente en la separación del Estado dominicano y la Iglesia Católica. Cada cual, Estado e Iglesia, tiene su esfera de acción que debe ser respetada. Esta sociedad no puede caer en extremismos político-religiosos teniendo un gobierno eclesiástico paralelo al gobierno civil legítimo.

La Inquisición, ese sistema oprobioso dirigido por obispos que violaba la libertad de conciencia y era contraria al espíritu mismo del cristianismo fue superada, prevaleciendo la razón.

En la República Dominicana la Iglesia Católica pretende dirigir como juez inquisitorial todas las decisiones políticas de la nación, los obispos y sacerdotes sin ser miembros de ninguna agrupación política legalmente reconocida, ni haber sido jamás postulados a cargos públicos y escogidos en sus instituciones legales en comicios democráticos como representantes de alguna agrupación por elecciones populares como presidentes de la República, senadores, diputados, síndicos y regidores.

Sus miembros, obedeciendo un poder extranjero, el Vaticano y a su Papa Benedicto XVI y en ocasiones recibiendo dinero de países extranjeros, alegando respaldo popular, por no decir divino, se inmiscuyen y opina, desde fuera, abusando de su jerarquía espiritual, lo que los legítimos representantes elegidos del pueblo deben o no hacer en materia política, económica, financiera, social, educativa, sanitaria, etc., siendo la migración ilegal de haitianos y los centros para refugiados de extranjeros en el país, su plato fuerte.

Sería muy oportuno que en las próximas elecciones para elegir senadores y diputados al Congreso Nacional, así como síndicos y regidores en los diferentes ayuntamientos municipales del país, a celebrarse el 16 de mayo del próximo año 2006, la Iglesia Católica se convierta en un partido político reconocido o por lo menos llevara inscritos en las boletas electorales de los partidos reconocidos a algunos de sus miembros, obispos, sacerdotes, curas, diáconos, y por qué no, monjas a cargos electivos.

Así electos por el voto popular podrían establecer a su antojo políticas sociales y económicas, mostrando sus simpatías políticos y la aceptación de sus soluciones.

En el caso de los regidores de los ayuntamientos municipales, éstos podrían ser extranjeros de acuerdo al Artículo 84 de la Constitución.

Así es que sin extrañarnos veríamos en San José de los Llanos a un padre español, en el Batey 5 a un padre belga y otros municipios del país a sacerdotes extranjeros elegidos como regidores, ayudando a resolver las necesidades de sus comunidades. Seguro que van de robo con una avalancha de votos en las urnas de sus simpatizantes, siempre que procuren con tiempo habilitar a su feligresía de las cédulas de identidad y electoral, sus actas de nacimiento, sus declaraciones tardías.