El 11 de febrero de 1960 cientos de catorcistas fueron sentenciados a penas de más de 30 años de reclusión en juicios sumarísimos dictados por los tribunales trujillistas. Poco antes, los detenidos fueron trasladados a la Penitenciaría Nacional de La Victoria, como consecuencia de la presión ejercida por familiares y obispos sobre Trujillo. A pesar de que el trato no fue el mismo que recibieron en La 40, las condiciones de subsistencia en esta cárcel eran muy precarias, pues estaban hacinados en celdas solitarias, impregnadas de un fuerte olor a excrementos, entre otras condiciones deplorables.

Un aspecto subrayado por los prisioneros tiene que ver con la alimentación, ya que durante las primeras semanas solo se les proporcionaba una especie de sopa con “trozos de testículos de toros, ojos de animales y vísceras enteras”, lo cual provocaba repulsión en los privados de libertad. Se destaca el instinto de sobrevivencia de Noel Giraldi, quien fue el primero en beber a sorbo su ración, argumentando que cuando estuvo en “Francia, durante la Guerra Mundial, había tenido que ingerir alimentos nauseabundos, y que era preciso hacerlo”, tal como recordó Iván Tavárez en entrevista ofrecida a Roberto Cassá, en su libro Los orígenes del Movimiento 14 de Junio.

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El sufrimiento continuó por unos días, según la descripción reportada por Cassá, quien detalla que “siguieron un tiempo desnudos, y cuando les ponían ropa para utilizarlos en trabajos forzados, les resultaba intolerable sentirla sobre el cuerpo”. No obstante, con el paso de los días se fueron reduciendo los traslados a La 40, y la situación tendió a mejorarse, pues fueron colocados en “celdas normales, donde se proporcionaba ropa”. Más allá de lo material, los presos comenzaron a tener visitas, lo que les “permitió entablar contactos con el exterior”.

Esta experiencia común forjó entre los catorcistas un sentido de fraternidad que determinaría la evolución posterior del Movimiento, el cual logró desarrollar una identidad colectiva que trascendía las diferencias sociales y políticas, y donde predominó un sentimiento de solidaridad frente a la adversidad. En este proceso, el régimen comenzó a mostrar señales de debilitamiento.

En El Caribe del 12 de febrero de 1960, se anuncia la sustitución del teniente coronel John W. Abbes García como Jefe del Servicio de Inteligencia Militar -SIM-, siendo reemplazado por el capitán de corbeta Cándido Torres Tejada.

Según nos dice Tony Raful, la posición de Abbes de “liquidar a los conspiradores para dar un ejemplo”, fue contrarrestada por el secretario de Estado sin cartera Manuel De Moya Alonso, cuya propuesta posibilitó la “excarcelación por grupos, sobre todo los más jóvenes y menos comprometidos del complot del 14 de Junio, de parte de Trujillo”, quien, viéndose agobiado por las presiones internas y externas sobre las masivas detenciones, optó por implementar una estrategia política, tal como puede reflejarse en los siguientes titulares publicados en el periódico El Caribe durante los días 3 y 4 de marzo de 1960, donde se lee: “La Corte de Apelación del Distrito Nacional revocó la sentencia que condena a 30 años a las personas implicadas en una conspiración contra la seguridad del Estado y procedió a rebajar distintas penas a los condenados. En el grupo de 38 conjurados figuran Rafael Francisco Bonnelly Batlle, José Antonio Fernández Caminero, Víctor Manuel Sánchez Córdoba, Ramón Isidro Imbert Rainieri (Moncho), José Ramón Leandro Guzmán Rodríguez, José Israel Cuello Hernández”; “Otro grupo compuesto por 33 condenados por conspirar contra el Estado recibió rebaja en sus condenas. Entre estos se encuentran Carlos Sully Bonnelly Valverde, Ramón Cáceres Troncoso, René Federico Risco Bermúdez, entre otros”.

Es evidente que las críticas internacionales estaban surtiendo efecto sobre Trujillo, pues el mismo 4 de marzo en la primera plana de El Caribe, se publicó un titular en el que se indicaba lo siguiente: “Serán interpelados por el Senado y la Cámara de Diputados con la aprobación del Poder Ejecutivo, los Secretarios de Estado de Interior y Cultos y de Justicia para escuchar su testimonio sobre la denuncia que han hecho ciudadanos norteamericanos ante su embajador en la OEA, en la cual dicen que en el país existe una campaña de terror con miles de personas en prisión”.

Cinco días más tarde, el 9 de marzo de 1960, El Caribe aborda la comparecencia de ambos funcionarios, señalando que estos “negaron la existencia en el país de una supuesta situación de intranquilidad y zozobra política que ponga en peligro la paz hemisférica, y al mismo tiempo afirmaron que en el país existen plenas libertades ciudadanas”. No hay dudas de que el régimen comenzaba a padecer de las presiones, y se vió obligado a modificar su accionar represivo, tal como se aprecia en la nota de prensa publicada el 18 de marzo de 1960 en donde se informa que “La Corte de Apelación de Ciudad Trujillo condenó un grupo de ciudadanos a penas de cinco años de cárcel y multas por atentar contra la seguridad del Estado. Entre las personas sentenciadas se encuentra Rafael Valera Benítez, Carlos Conrado Bogaert (Charles), Jaime Durán Hernando (Jimmy), Abel Enrique Fernández Simó (Abelito). La misma corte descargó a once acusados, entre ellos a José Ramón Baquero Ricart (Manolito), Agliberto Meléndez, Mario Alfredo Mathis Ricart”.

Sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos desplegados por la comunidad internacional, la dictadura se negó, al día siguiente (véase el 19), a conceder “su asentimiento para que la Comisión Interamericana de Paz efectúe una segunda investigación en la República Dominicana sobre supuestas violaciones a los Derechos Humanos”. En esta partida de ajedrez que se iba jugando contra Trujillo, se entiende su carta publicada el 1ero de abril de 1960 en la que presentó “renuncia como miembro y jefe del Partido Dominicano”. En ese contexto, la prensa dominicana informaba el lunes 16 de abril que “la Comisión Interamericana encareció a las naciones del Caribe que pongan en libertad a los presos políticos y que permitan salir del país a los asilados en las embajadas extranjeras”.

En la próxima entrega de esta serie, abordaremos la toma de la embajada de la República Argentina y la salida hacia el exilio de sus ocupantes.

Dr. Amaurys Pérez, Sociólogo e historiador UASD/PUCMM