El deseo más generalizado en la población dominicana en estos días finales del 2003 es que transcurran cuanto antes y se puedan olvidar las vicisitudes de este año devastador para las expectativas de progreso y el nivel de vida de las mayorías, y que el 2004 marque el inicio de una recuperación económica y registre una reafirmación democrática.

Y el daño ha sido causado no solo por la devaluación del peso en cerca del 100 por ciento y su carga inflacionaria de por lo menos 40 por ciento, sino por el clima de confrontación, generadora de incertidumbres en que gran parte del liderazgo político, y especialmente de los gobernantes, mantuvo a la población sin tregua a lo largo del año.

De cara al año que comienza las preocupaciones están centradas en el proceso electoral en marcha para escoger nuevo presidente de la República, por los temores de que el proyecto continuista del presidente Hipólito Mejía agudice la crisis financiera o lesione severamente los avances de la última década en materia de limpieza electoral.

[b]Sentido adiós al 2003[/b]

La medida del año que concluye la han dado las festividades navideñas, que la generalidad ha estimado como “las más frías”, y no precisamente por el clima que se ha mantenido relativamente alto, sino por la pérdida del poder adquisitivo. Tanto que muchos olvidan el dramático final de 1990, con su inflación del 100 por ciento y su carga de desabastecimiento.

Muy pocos arreglos navideños en las calles y residencias y la reducción de los puestos de venta de frutas extranjeras de tradicional consumo en esta época son de los signos exteriores de la crisis financiera que este año redujo dramáticamente el poder adquisitivo de la población, con su 100 por ciento de devaluación y 40 por ciento de inflación.

Ese cuarenta por ciento se duplicó y triplicó en los productos de consumo navideño, aún los de producción nacional, pero de gran componente de materias primas importadas, como el cerdo y el pollo. Y en más alta proporción en los productos extranjeros, desde alimentos y bebidas, hasta electrodomésticos y adornos.

Consciente de la situación el gobierno hizo una fuerte inversión para vender alimentos básicos hasta a mitad de precio en unos 160 puestos establecidos en los barrios de los centros urbanos, beneficiando a las capas de menores niveles de ingresos.

El grito ha sido generalizado en los segmentos medios y bajos de la clase media, cuyas expectativas de vida están marcadas por el acceso al uso y consumo de productos importados sometidos al rigor de una devaluación que de diciembre a diciembre llevó el peso dominicano de 20 por dólar hasta casi 40. Como hecho positivo quedará el que esos sectores sociales reconozcan que habían refinado excesivamente sus gustos y estén volviendo, por ejemplo paradigmático, al consumo de ron, uno de los productos industriales de mayor componente nacional, estimado sobre el 90 por ciento.

El desempleo del año, del cual no hay estadísticas confiables, pero apreciable por el número de empresas que han reducido personal y las que han quebrado, especialmente del sector comercial, es otro elemento de incidencia en el amargue de las navidades del 2003. Los apagones y la reducción de los servicios, especialmente del transporte estatal, han hecho sus contribuciones al “cálido clima” en que transcurren las festividades de fin de año.

A todo eso se suman incidencias tan absurdas como el que los 60 mil maestros del sistema público de educación hayan llegado a la víspera de Nochebuena sin haber podido cobrar el salario de la segunda quincena de noviembre.

La queja de la población se sintió con fuerza en los centros comerciales y los colmados, en las calles y hasta en los medios de comunicación social, en muchos casos con la esperanza de que el año culmine cuanto antes, aunque con pocas expectativas de mejoría para el próximo. La enfermedad del pesimismo, vieja epidemia nacional, se acerca al derrotismo en amplios segmentos sociales.

[b]¿UN SOLO RESPONSABLE?[/b]

Nadie puede negar que el 2003 ha sido terrible para los dominicanos y dominicanas. Las estadísticas oficiales indican que por primera vez en los últimos 12 años la economía registra un resultado negativo, alrededor del 1 por ciento, contrastando con un incremento promedio sobre el cinco por ciento en la década que siguió a las reformas de 1991, tras el desastre del año anterior.

Como es natural, el resentimiento de la población se ha concentrado en el gobierno con tanto encono que ni siquiera se ha podido distribuir equitativamente la responsabilidad sobre la causa de la crisis financiera más que económica, puesto que principales renglones de la economía nacional y mayores generadores de divisas, concluirán el año con un ejercicio excelente, superior al de los últimos 5 años. Es el caso del turismo, de las zonas francas y las remesas.

Los análisis más objetivos responsabilizan al gobierno de haber calentado excesivamente la economía, con un marcado interés electoral, en los meses previos a los comicios congresionales y municipales de mayo del 2002, en los que barrió, por vía del endeudamiento externo e interno, incluyendo los primeros 500 millones de dólares de bonos soberanos.

El peso de la crisis es tan traumático que llega a obnubilar el razonamiento general que atribuye toda la carga de la crisis al gobierno, relevando de culpa o reduciéndola, a los responsables de tres quiebras bancarias que llevaron a una emisión de casi 100 mil millones de pesos por parte del Banco Central, causa eficiente de los descomunales niveles de devaluación e inflación acumulados en el año.

Es obvio que fueron las autoridades gubernamentales las que decidieron esa descomunal como inútil operación de salvataje de bancos quebrados y que convirtieron en deuda pública, la que esos bancos tenían con decenas de miles de ahorrantes, bajo el temor de que el derrumbe alcanzara a todo el sistema financiero. Peor aún al reconocer depósitos en dólares destinados a bancos extraterritoriales.

Objetivamente no hay manera de saber si el virus Baninter-Bancrédito-Mercantil se hubiese expandido o no por todo el cuerpo financiero generando un costo aún mayor del que está pagando la nación, pero muchos convienen en que había un camino intermedio que las autoridades ignoraron, marcado por la ley monetaria y financiera que ordena proteger los depósitos hasta 500 mil pesos. Hasta llevándolo a diez veces más, 5 millones de pesos, el costo hubiese sido mucho menor.

El problema es que las autoridades no han ofrecido suficiente información para evaluar la situación con objetividad. Se dice que menos de un centenar de ahorrantes tenían una altísima proporción del déficit de Baninter y es relevante el caso del influyente político reformista Guaroa Liranzo a quien se le honraron 500 millones de pesos, siendo, por demás, tesorero del primer banco quebrado. Es también imposible determinar el efecto que hubiese tenido la bancarrota aún en ese porcentaje que concentraba los depósitos.

Un hecho objetivo es que sin la quiebra de esos bancos la devaluación e inflación habrían quedado por debajo de la mitad registrada en el año. Lo que obliga a distribuir la responsabilidad con parte del sector privado y los beneficiarios de la corrupción que hizo posible defraudaciones bancarias tan descomunales, tanto del sector público como del privado.

Algo que contribuyó notoriamente al rechazo generalizado al gobierno, registrado en las encuestas, fue el accionar político caracterizado por el escándalo permanente y el enfrentamiento en el propio partido oficialista, del que se responsabiliza en primer lugar al presidente Mejía, por no entender que en las presentes circunstancias económicas es casi una burla pretender la reelección.

Cuando se esperaba que el presidente de la nación asumiera la crisis poniéndose al frente de la ciudadanía en busca de consenso para superarla, este dejó de ser “un hombre de palabra” y contradijo cincuenta declaraciones de que no intentaría prolongarse en el poder, sembrando la división hasta en su propio partido, generando mayores incertidumbres incidentes en las expectativas de agravamiento, y concentrando la indignación general. –

[b]EXPECTATIVAS PARA UN AÑO ELECTORAL[/b]

El 2004 sorprende al país en medio de un pesimismo generalizado y pendiente del restablecimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que permitiría contener la crisis, recuperar la estabilidad macroeconómica y volver al crecimiento.

Pero los factores políticos siguen siendo determinantes en expectativas negativas. Todavía hay quienes creen que el gobierno no logrará el nuevo acuerdo con el FMI, o que lo violará nuevamente como ya ocurrió con el iniciado el primero de septiembre y que no duró un mes, lo que implicaría mayor deterioro económico.

En el fondo de esas expectativas negativas está el proyecto reeleccionista del presidente Mejía. Se le ve tan lejos de las posibilidades que muchos temen un costo descomunal, no sólo en materia de desestabilización económica, sino también para la democracia.

La aparente determinación de lograr la continuidad en el poder “al precio que sea”, como ya proclamó un dirigente del grupo en el poder, es el elemento que más incide en el mantenimiento en ascuas del mercado cambiario. La división del partido de gobierno es un indicador de la determinación de pasar por encima de lo que sea necesario para ratificar el continuismo como enemigo de la democracia y la institucionalidad nacional.

Los análisis más fríos convienen en que es prácticamente imposible que el presidente Mejía retenga el poder en mayo próximo, teniendo en contra un frente tan amplio de sectores políticos y sociales y en las actuales circunstancias económicas marcadas por un círculo vicioso: si no firma con el FMI se agrava la situación económica. Si firma y dispara el gasto por razones electorales, se deteriora más. Y si cumple un programa de austeridad y aún mejore la situación económica, tampoco tendrá tiempo para recuperarse políticamente.

La declinación del proyecto reeleccionista sigue siendo el mejor camino que tiene abierto el presidente Mejía, quien podría sumir el país en una de sus peores crisis institucionales, pero con muy escasas posibilidades de mantener en el poder más allá de agosto en el actual contexto nacional y continental.

Las mejores expectativas son que el año nuevo marque el inicio de una rápida recuperación económica y la reafirmación de los avances democráticos de los últimos años, sobre todo en materia electoral.-