Hoy 
Se registran retrocesos institucionales, aumento de la corrupción y el clientelismo político y aunque se mantiene la estabilidad y el crecimiento económico, persiste la baja inversión social
POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
El año que concluye queda marcado por dos catástrofes que desnudaron nuevamente la pobreza nacional y la incapacidad para prevenir, pero también por el activismo político desenfrenado con altas cuotas de clientelismo y corrupción con expresiones de retroceso institucional.
Aunque se vuelve a registrar un apreciable crecimiento del producto bruto interno con estabilidad macroeconómica y un aumento extraordinario de los ingresos fiscales, la escasa inversión social sigue determinando que el país se mantenga en los últimos escalones del desarrollo social latinoamericano.
Resaltan los esfuerzos por establecer el seguro familiar de salud, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado, pero la acción gubernamental estuvo de nuevo condicionada por un proyecto reeleccionista que distrae la atención de las soluciones de largo plazo.
La política sobre todo
La revisión del acontecer nacional del 2007 arroja un predominio desproporcionado de la acción política con miras a las elecciones de mayo próximo, con un alto costo económico y de distracción de las energías nacionales.
Los primeros meses estuvieron marcados por las luchas por las candidaturas presidenciales que desestabilizaron los principales partidos políticos y generaron un auge del clientelismo y el transfuguismo en desmedro de la ética y los principios políticos, afianzando la idea de que ya no hay diferencias ideológicas ni programáticas.
Aunque las convenciones de los tres partidos mayoritarios culminaron en el primer semestre, el año concluye sin que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) haya superado los conflictos generados en su campaña interna, mientras el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) sufre interminables fraccionamientos.
En esos dos partidos como en el Revolucionario Dominicano (PRD) se impusieron los candidatos que más dinero invirtieron fundando su predominio en la capacidad para comprar adhesiones en las estructuras partidarias y la población pobre.
El fracaso de los proyectos de la Junta Central Electoral para establecer límites a la extensión y costo de las campañas electorales y revestir el gasto político de alguna transparencia, ratificaron las dificultades institucionalizar la actividad política.
La convicción general es que la política sin tregua sigue siendo financiada en gran proporción por la corrupción, el empleo estatal y las actividades ilegales, aparte de cientos de millones de pesos anuales del presupuesto nacional.
Costo del reeleccionismo
La respostulación del presidente Leonel Fernández en la elección primaria del PLD celebrada en mayo quedó marcada por el uso y abuso de los recursos estatales, hasta el punto que el segundo líder del partido, Danilo Medina, proclamó que fue vencido por el Estado y siete meses después él y sus seguidores no han perdonado los excesos.
La gestión gubernamental ha estado determinada por el interés reeleccionista que ha consumido gran parte de las energías y la atención del mandatario, empeñado en atraerse a todos los políticos que se pusieron precio, cientos de ellos a cambio de empleos en la administración pública.
La temprana campaña electoral pareció frenada en el último fin de semana de octubre, cuando la tormenta tropical Noel sorprendió al gobierno en pleno y a los partidos de oposición en intensa labor proselitista. En septiembre, el presidente Fernández había presentado su comando de campaña integrado por 13 de los 16 ministros orgánicos y otros diez altos funcionarios, incluyendo al secretario de Obras Públicas como tesorero.
El transfuguismo incentivado con los recursos del Estado ha socavado los cimientos del PRSC. Por lo menos cuatro grupos de antiguos reformistas se cuentan entre los que apoyan la reelección del presidente Fernández, todos ellos integrados a cargos gubernamentales.
Como ha sido tradición en la pobreza institucional dominicana el continuismo se nutre no solo del empleo estatal, sino también del uso de vehículos, combustibles y del pago de dietas con cargo a los organismos del Estado, así como mediante una desaforada propaganda de corte electoral. Hasta octubre el gasto gubernamental en propaganda se había elevado a un promedio de 187 millones de pesos mensuales. En 2004 fue de 70 millones, 120 millones en el 2005 y 160 millones de pesos mensuales en el 2006.
Estabilidad económica
El mayor éxito gubernamental siguió siendo la estabilidad macroeconómica, con un crecimiento estimado del 8 por ciento, inflación de un dígito, pese a la inmensa carga del costo del petróleo, aunque la deuda interna del Banco Central ya sobrepasa los 200 mil millones de pesos, con un preocupante crecimiento del déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, estimado en mil 800 millones de dólares. La industria y la agropecuaria sólo han crecido 2 por ciento en el 2007. Las zonas francas siguieron en retroceso y el turismo se estancó.
Otro reconocimiento generalizado es el mejoramiento de las recaudaciones, no sólo como fruto de 4 reformas tributarias en cinco años, sino también por la eficiencia de los funcionarios fiscales y los buenos precios internacionales del ferroníquel. El año cerrará con un incremento de las recaudaciones sin precedente con de baja inflación, que casi duplicará el promedio de 15 por ciento registrado en el período del 2000 al 2005.
La reforma tributaria del 2006 perseguía un incremento fiscal de 17 mil 500 millones de pesos, con igual cifra de reducción del gasto corriente. Los excedentes se aproximan a los 25 mil millones de pesos, aún cuando a mitad del año se redujeron los excesivos gravámenes a licores y tabaco, así como en el impuesto sobre la renta. Las recaudaciones terminarán en unos 230 mil millones de pesos, un crecimiento del 64 por ciento en relación a los 140 mil del 2005, con una inflación acumulada de alrededor del 21 por ciento en esos tres años.
El cuestionamiento sigue generalizado sobre la calidad del gasto. Aunque el gobierno se comprometió a reducir el corriente en un 20 por ciento, este año volvió a crecer en un 16 por ciento. El subsidio a la electricidad y el gas propano, ahora también en parte al gasoil absorberá unos 30 mil millones de pesos. El de la energía pasa de 400 a 600 millones de dólares, en lo que se ha fundado un mejoramiento del servicio.
En cambio en educación y salud (2 y 1.5 por ciento del PIB) el gasto siguió muy por debajo de los promedios de América Latina y el país apareció en numerosos informes internacionales a la cola de la inversión social en la región. Según el último informe de UNICEF, el gasto social dominicano es del 7.6 por ciento del PIB, poco más de la mitad del 13.5 por ciento del promedio de Latinoamérica, y antepenúltimo entre 18 naciones.
Retrocesos institucionales
Aunque se aprobaron nuevas legislaciones tendentes al fortalecimiento institucional el incumplimiento de algunas de ellas y de otras recientes permite diagnosticar un cierto retroceso institucional, comenzando por la ley de austeridad promulgada en diciembre del 2005, violada por el incremento del gasto corriente y en la congelación del empleo con la designación de cientos de altos funcionarios y elevaciones de altos sueldos que constituyeron escándalos en la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, el Banco Nacional de la Vivienda y el Congreso Nacional. Los senadores se atribuyeron 230 millones de pesos para sus propias «inversiones sociales».
El gobierno siguió ignorando las leyes que asignan proporciones del presupuesto a Educación, la Suprema Corte de Justicia y los municipios, lo que se repite en el proyecto de gastos públicos para el 2008, aunque este año fue promulgada la ley 176-07 que busca descentralizar el Estado ampliando las atribuciones de los ayuntamientos. La cartera con mayor asignación para el próximo año es la de la Presidencia a la que se destinarían 35 mil millones de pesos, reafirmando el presidencialismo.
La negativa a cumplir una sentencia judicial sobre la ley de libre acceso a la información pública en el caso del periodista Luis E. Lora en relación al metro en construcción y el aplazamiento de la aplicación de la ley 186-07 que penaliza el robo de electricidad, forman parte también del retroceso institucional.
Lo mismo se puede decir de la decadencia del Departamento de Prevención de la Corrupción y del silencio de la Comisión Nacional de Ética frente a numerosos escándalos de corrupción, algunos tan flagrantes como el contrato mediante el cual el Estado se endeudó en 130 millones de dólares en violación a la Constitución, suma que dejó en manos de la empresa Sun Land, en un hecho sin precedente en la historia del país. O en el oneroso arrendamiento de un hotel del Estado, que tuvo que ser anulado tras el correspondiente escándalo.
La justicia no quedó bien parada con la contradictoria sentencia sobre el fraude que quebró el Banco Intercontinental, en la que pretende dejar impune el del Banco Nacional de Crédito y la dilación en conocer el del Banco Mercantil. Tampoco con la descarga de los oficiales policiales que usufructuaron vehículos robados y mucho menos cuando el ministerio público consagró la impunidad en el expediente sobre el Programa de Empleo Mínimo (PEME), tras 7 años en un tribunal.
El esfuerzo por poner en vigencia el plan básico de salud del régimen contributivo y la ampliación de los beneficiarios del subsidiado, aunque con remiendos legales y pasando por encima a aspectos de la ley de seguridad social del 2001, amortiguaron en parte la decadencia institucional.-
