El año 2017 recibe a la Oficina Nacional de la Defensoría Pública (ONDP) con una deficiencia de abogados de casi el 50%, necesario para operar.
La institución lleva varios años demandando un aumento de presupuesto que le permita, primero, abrir las oficinas en todo el país y contratar los más de 200 defensores que le hacen falta para responder a la demanda, pero este año tampoco le fue concedido.
En los últimos años la Defensoría ha manejado un promedio del 65 al 75% de los casos penales en todas las jurisdicciones, según informó su directora, Laura Hernández Román.
Como explica la funcionaria, esta situación ha generado una sobrecarga de trabajo en los abogados defensores, que llevan cientos de expedientes.
La ONDP cuenta con 200 defensores y 100 abogados contratados, pero lo ideal sería llegar al menos 450 defensores contratados.
Aunque aclara, debido al manejo interno, las evaluaciones de desempeño, esto no se ha visto reflejado en la calidad del servicio de estos abogados.
La doctora Hernández cuenta que a 10 años de creada la ONDP, aún quedan 10 oficinas por darles apertura. Actualmente hay 27.
Sin embargo, uno de los mayores deseos de la ONDP es que se logre una coordinación entre todos los actores del sistema de justicia, siendo el usuario el centro del mismo.
Que tanto el Poder Judicial, el Ministerio Público y Defensoría actúen de manera coordinada para que los casos fluyan con mayor rapidez, y que un proceso que pueda conocerse en 2 audiencias no llegue a 10 aplazamientos.
Sostiene que la mora judicial, es decir la acumulación de procesos, afecta grandemente a los defensores, porque los casos se van retrasando, mientras siguen entrando otros nuevos.
Entiende que en los tribunales debería existir una coordinación, en la que se pauten solo los juicios que se van a conocer, pues en la mayoría de los casos, hay agendas más vistas de las que son humanamente posible ver en un día. Esta situación, además de contribuir al retraso de los expedientes desmotiva a los testigos y querellantes, comenta Hernández.