Hoy 
Los argumentos del Gobierno para seguir aplazando la inversión de un 4% del PIB en educación se desmoronan ante los esfuerzos que hacen diversos sectores en procura de lograr tal objetivo.
Una comisión del Congreso ha logrado identificar fuentes que financiarían el aumento hasta la proporción señalada de la asignación reservada para el Ministerio de Educación en el presupuesto de 2011. Faltaría vencer cierta resistencia del Ministerio de Hacienda para una modificación consensuada del presupuesto.
Al margen del área oficial, hay todo un movimiento que reclama dar los pasos necesarios por mejorar la educación. Ayer, los abogados Juan Manuel Pellerano Gómez, Luis Miguel Rivas, Elizabeth Mateo Pérez, Luis Rafael Pellerano Cabral, Federico Ortiz Galarza y Mildred Abreu Hernández, en representación de 165 organizaciones y 1,265 ciudadanos, depositaron ante el Tribunal Superior Administrativo un recurso de amparo mediante el cual se reclama que se destine el 4% del PIB a la educación.
Cabe reafirmar que la recomendación para que se destine tal proporción a la educación no es de origen partidista, sino el resultado de estudios de organismos locales e internacionales. Resistirse a satisfacer esta necesidad es desmentir el tan manoseado argumento oficial de que la educación es una prioridad para el Gobierno.
Hay que calmar la frontera
La necesidad de custodiar la frontera y evitar tráfico ilícito de personas y mercancías es una tarea que reconocemos como altamente difícil. Las graves dificultades que atraviesa el pueblo haitiano, sobre todo después del terremoto de enero pasado y la epidemia de cólera, empujan la migración hacia el lado dominicano y esto ha obligado a reforzar la vigilancia y controlar los mercados binacionales. Fruto de esa presión parece el incidente en que soldados dominicanos dispararon contra haitianos que los atacaron a pedradas mientras intentaban adentrarse ilegalmente en territorio dominicano.
A pesar de la presión y de lo difícil que es contenerla, hay que hacer lo necesario para evitar incidentes violentos. Las autoridades dominicanas y haitianas tienen que accionar para que el intercambio comercial pueda realizarse sin que se produzcan incursiones masivas de haitianos que nada tienen que vender o comprar en los mercados.
