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La organización de ayuda humanitaria World Vision República Dominicana reveló que el 55 % de los adultos en el país no estarían en disposición de denunciar un caso de abuso infantil, debido a que no se sentirían seguro.
Según indicó la ONG, estos datos fueron compilados con los indicadores del estudio Bienestar de la Niñez, a partir de una exploración realizada durante el año 2022 en las provincias de Dajabón, El Seibo, Montecristi, San Cristóbal y Santo Domingo.
Asimismo, dijo que 57 % de padres dominicanos utiliza el castigo físico como principal método de corrección disciplinario para sus hijos, esto pese a que solo el 8 % lo consideran necesario para educarlos.
“Estás estadísticas nos hacen un llamado a la reflexión, pero más importante aún, a la acción, y a la articulación de políticas públicas como la ley de crianza positiva para continuar fortaleciendo el marco legal para la protección de la niñez, especialmente la más vulnerable”, expresó Elicaury Bautista Bidó, representante de World Vision en el país.
Además, la ONG señaló que existen importantes indicadores que justifican la pertinencia de dotar a la República Dominicana de una legislación que establezca un marco de políticas públicas dirigidas a brindar herramientas e información a los padres y madres, así como a las comunidades para salvaguardar a los infantes en el entorno familiar y comunitario. Un estudio de línea base realizado por la organización revela que aproximadamente un 6 % de los adolescentes manifiesta tener una fuerte conexión o relación con su padre, madre o cuidador principal. Asimismo, solo el 5 % de los jóvenes consideran que sus opiniones son valoradas por los tomadores de decisión a nivel local.
La Coalición de ONG por la Infancia, reiteró el llamado a la población a retomar la lucha de la aprobación del anteproyecto de ley para que exista un marco normativo que contribuya a un cambio en los estándares de convivencia en las familias y sociedad.
Bautista habló durante el foro de protección de la niñez como parte de la movilización e incidencia a gran escala para la aprobación de la Ley de Crianza Positiva, para la disminución de prácticas humillantes, delitos sexuales y reducción del embarazo a temprana edad en niñas y madres adolescentes.
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