Solo el 30% de la población identificada como del “grupo B” en los bateyes de la región Sur pudo inscribirse en el libro de extranjería y acogerse a ley 169-14 que crea un régimen especial para los hijos de extranjeros nacidos en el país en condición irregular.

El dato está contenido en un informe presentado por el Centro de Desarrollo Sostenible (Cedeso) al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Oxfam en República Dominicana, y al Fondo de Iniciativas Locales de la Embajada de Canadá, a los cuales manifestó su “alta preocupación” por la situación.

“El 70% de las personas que no se registró durante la puesta en vigencia del decreto 250-14, se debió a que el Ministerio de Interior y Policía impuso que de manera obligatoria se presentaran documentos de identidad de sus padres”, subrayó la entidad que acompañó a los afectados por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC).