El 90% de los mataderos del país no están autorizados para funcionar como tales porque no están avalados por el Ministerio de Salud Pública ni por el de Agricultura.

La  afirmación la hizo  Beatriz Alcántara, funcionaria  de la Federación  Dominicana de Municipios (Fedomu), al exponer en el taller Situación de los mataderos: sacrificio de animales y el expendio de carne en el país, organizado por Pro Consumidor.

 En tanto, la directora de este último organismo, Altagracia Paulino, dijo que  el país no necesita nuevas reglas para hacer cumplir las normas de sanidad de los productos cárnicos. Agregó que las instituciones que deben aplicar esas normas son el Ministerio de Salud Pública y la Dirección General de Ganadería.  

Alcántara señaló que un estudio reciente sobre la situación de los vertederos, los mataderos y los cementerios de los municipios del país, reveló que el 52% de esas comunidades  tiene un matadero privado, público o semi privado, y que el 48% no tiene matadero. En el país hay 152 municipios, aparte de los distritos municipales.

Expresó que los mataderos públicos sacrifican por lo menos 3 animales cada día y  los privados pueden llegar  hasta 20.   Indicó que la situación de los mataderos es deplorable en la mayoría de los municipios, pero que Fedomu está en disposición de trabajar junto a las demás instituciones para  corregir el problema.

Al evento asistieron  la representante de la Organización Panamericana de la Salud, Rosario Cabrera, y el subdirector de Pro Consumidor, José del Carmen Valenzuela, quien organizó los grupos de trabajo del taller. También estuvieron presentes como expositores Rafael Núñez, director de Sanidad Animal, de Ganadería; Salvador Hiciano, encargado de Control de Riesgos y Bebidas de la Dirección de Salud Ambiental,  y Raysa Reyes, en representación del Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios. El sacrificio de animales  y expendio de carnes en el país se realiza con deficiencia y las instalaciones y condiciones higiénicas de  mataderos y lugares de expendio ponen en riesgo la salud de los consumidores.