HAROLDO DILLA ALFONSO
Hace un par de semanas, saliendo de la ciudad de Comendador en dirección a San Juan, me detuvo un trío de militares apostados en una casamata improvisada. Me saludaron al tiempo que metían la cabeza dentro del auto y notaron todo en orden. Me preguntaron que hacía por allí y me desearon un buen viaje.

Había avanzado 500 metros cuando otro trío de militares me detuvo. Estos, del flamante CESFRONT, fueron menos corteses, revisaron todo lo que pudieron y finalmente me dieron la espalda esperando otro vehículo, aunque antes me desearon tibiamente un buen viaje. Apenas había recorrido un kilómetro cuando otro grupo de militares, en el cruce de Matayaya, mandó a detenerme e iban a revisar otra vez el auto cuando vieron a lontananza que se acercaba un minibús cargado de bultos, y decidieron despedirme con una invitación al buen viaje.

Aunque es agradable que le deseen a uno un buen viaje tres veces en un tramo de dos kilómetros, no es posible obviar que el auto fue detenido tres veces en un espacio tan corto y revisado con más o menos dedicación por 9 militares. ¿Cuánto cuesta eso?.

En verdad mucho, sobre todo si tenemos en cuenta que esto es solo una expresión gráfica de lo que sucede y ha sucedido por años en la frontera: agolpamiento de instituciones estatales que se pisan los pies unas a otras y consumen mucho dinero en pagos de funcionarios en ocasiones supernumerarios. Y cuesta un dinero que la gente de la frontera necesita para salir de la pobreza, y lo que es más grave, del empobrecimiento.

Según un reporte oficial, en 2003 actuaban en la frontera 24 instituciones estatales centrales. Junto a algunas imprescindibles y relevantes, figuraba una infinidad de siglas con magros presupuestos cuyos perfiles institucionales hacían sospechar duplicaciones de funciones. Esto no ha cambiado en la actualidad.

Por ejemplo, existen cuatro instituciones centrales dedicadas expresamente al desarrollo fronterizo (o que se involucran en ello), y tres de ellas son civiles: el Consejo Nacional de Fronteras (creado en la época de Trujillo) radicado en la cancillería donde también existe una división de asuntos haitianos, la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF creada en 2000) adscrita a la Secretaría de Economía, Planificación y Desarrollo) y el Consejo de Desarrollo de la Zona Fronteriza (CDZF, creado en 2001) adscrito a la Secretaría de Industria y Comercio.

Es posible sospechar que estas instituciones ejercen, por decirlo de alguna manera, énfasis funcionales que las distinguen unas de otras. Así, el CNF pudiera está más dedicado a la demarcación misma de la línea y a los aspectos ideológicos culturales heredados de los programas de «dominicanización fronteriza». La DGDF tiene un perfil más dirigido a las acciones fomentalistas. La CDZF, en cambio, se circunscribe a la ejecutoria de la ley 28 01. Pero no es raro encontrar a la CNF confeccionando diagnósticos para el desarrollo o asociándose a cooperantes internacionales, de la misma manera que la DGDF, pero al mismo tiempo es perceptible que esta última no cumple sus roles formales (decreto 539 05) como institución rectora del desarrollo en la zona.

La pregunta es si vale la pena tener tres donde con una basta, sobre todo si tenemos en cuenta, como en el caso de los retenes militares, el costo de sus operaciones.

En el 2006, según la Contraloría, estas instituciones empleaban 419 personas y gastaban en salarios cerca de 55 millones de pesos cada año: 221 pesos por cada habitante de la región fronteriza.

A ello agrego (aunque no explicó por falta de espacio) que existen (con el CESFRONT) tres instituciones militares dedicadas a la frontera, y dos comisiones legislativas supuestas a normar la vida en la región.

En otras palabras, que si la concurrencia institucional fuera un indicativo de prosperidad, la situación de la frontera sería envidiable. Pero como no es así, vale la pena revisar este abigarramiento institucional para abrir paso a formas más dinámicas y progresistas de gestión del desarrollo en una región que ciertamente lo necesita.