Una joven señora tan quemada, que sólo le quedó un ojo, iba con su bebé de meses a cruzar la frontera por Jimaní, cuando el marido la esperó con un galón del químico, muriendo de inmediato la criatura que llevaba en su regazo.La trasladaron a la Unidad de Quemados del hospital Luis E. Aybar y murió tres días después.

Esa tragedia nos llevó a una visita al centro, donde más del 40 por ciento de los pacientes había sido víctima del “acido del diablo”. Era dantesco contemplar aquello.
Existía una especie de guerra en la que las víctimas eran principalmente mujeres, pero también hubo hombres que eran asaltados.

El químico se usaba, además, para robar en la mayoría de los barrios de la capital y en el interior del país. Esto pasaba porque “el Plomerito”, marca del producto para destapar cañerías, se vendía de manera libre.

No existía ley o regla que impidiera la venta porque mientras sólo se usó para destapar cañerías no hubo problemas; cuando se descubrió que podía matar, se convirtió en un arma para agredir y delinquir.

Nunca se me borrará la imagen de una señora que me abrazó en la salida de un supermercado, lloró en mi hombro diciendo: “por bonita las envidiosas le dañaron la cara”. Relató que a una sobrina le echaron el ácido y le desfiguraron la cara porque era bonita, mi impresión fue tan grande que lloré con ella.

En esa época dirigíamos a PROCONSUMIDOR y comenzamos una acción que nos llevó a muchos lugares, incluyendo un encuentro con el fabricante del producto, quien con una responsabilidad plausible dijo que no quería ver su marca vinculada con la muerte y la violencia.

Junto con la subdirección técnica iniciamos un conjunto de reuniones en busca de una posible solución para emitir una resolución y prohibir la venta libre del producto, cuya materia prima es utilizada para fines industriales.

La resolución limito a esos fines su venta.
Es así como desde la Unidad de Quemados del Luis Aybar, el Ministerio de Interior y Policía, la Procuraduría General de la República, el fabricante y la Asociación de Ferreteros logramos el consenso de que el producto debía ser retirado del mercado.

Unas 38 mil ferreterías de todo el país decidieron retirar el producto, y se emitió una resolución prohibiendo la venta con el concurso de la buena voluntad de la gente, que entendió que era una medida que convenía al país porque contribuía con la paz social.

Las personas quemadas con el químico no sólo sufren el desgarramiento de la piel, la sustancia afecta al sistema nervioso central, según explicaron los médicos que se unieron a nosotros en PROCONSUMIDOR, para al unísono lograr el retiro del mercado.

Tras la resolución que prohibió la venta se redujeron considerablemente las agresiones, pero desde hace dos años se han reportado nuevos casos, siendo el más grave el de Yacaira Amarante Rodríguez, y el chofer del carro público en el que viajaba.

Hace 10 años no aparecía ninguna ley a la que pudiéramos invocar para someter a los agresores, pero ahora tenemos la Ley 155-17, que prohíbe el terrorismo, entre otras infracciones a la que se puede acudir.

No hay otro calificativo que terrorismo para una acción con esa sustancia, aparte de que cabe en el calificativo de arma química y al culpable le correspondería una pena mínima de 3 años de cárcel.